El punto central del debate estuvo en cómo esta adhesión podría afectar el cobro de tasas municipales dentro de la factura de luz, un mecanismo utilizado por muchas comunas para financiar servicios como alumbrado, barrido y limpieza.
Uno de los principales motivos para avanzar con la adhesión es el acceso a fondos nacionales: parte del Fondo Nacional de Energía se distribuye entre las provincias que se sumen a la ley. Sin embargo, Salta decidió excluir algunos artículos considerados sensibles.
Entre ellos, el que prohíbe incluir tributos locales en la boleta de luz, ya que —según se planteó— eliminar este esquema podría dificultar la recaudación municipal, aumentar la morosidad y generar mayores costos administrativos. También se dejó afuera el artículo que establece responsabilidades compartidas por deudas de las empresas eléctricas, para evitar comprometer las finanzas provinciales y locales.
Con esta media sanción, el proyecto avanza en la Legislatura y abre un debate clave: cómo equilibrar el acceso a recursos nacionales sin afectar la autonomía de los municipios ni el funcionamiento actual de servicios esenciales en cada localidad.
