BRASILIA.– Un nuevo escándalo por injuria racial protagonizado por un argentino sacude a Río de Janeiro. El episodio tuvo lugar en la fila de un concurrido supermercado de Copacabana, donde José Luis Haile, un ciudadano de 67 años residente en Brasil, terminó detenido en flagrancia el lunes tras impacientarse por una demora y proferir graves insultos discriminatorios contra una joven trabajadora local.
El hecho de injuria racial ocurre a poco más de tres meses del mediático caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue procesada por un episodio similar en un bar de Ipanema. Mientras Páez espera hoy desde Santiago del Estero una definición de la justicia brasileña tras haber pagado una caución récord, la detención de Haile confirma una problemática que parece no dar tregua.
Todo comenzó en una sucursal del tradicional supermercado Mundial, sobre la calle Siqueira Campos y a pocas cuadras de la costanera. Lo que debió ser una compra cotidiana se transformó en un caso policial cuando Haile, impaciente por la supuesta demora en una de las cajas, comenzó a proferir insultos contra Samara Rodrigues de Lima, una joven brasileña de 23 años.
Samara se desempeña como repartidora para una aplicación de entregas. Según consta en los registros, la joven tenía pedidos para pasar por la caja y decidió posicionarse frente a una registradora que estaba por abrir para ganar tiempo. La empleada del supermercado demoró unos diez minutos en iniciar la operación. En ese lapso, Haile se ubicó detrás de Samara y comenzó a quejarse en voz alta, acusando a la cajera por su supuesta lentitud.
La joven intervino para defender a la trabajadora, aclarando que la caja estaba cerrada cuando él se sumó a la fila. La respuesta del hombre fue un gesto de desdén: se llevó el dedo a la boca exigiéndole silencio. Cuando Samara retrucó que no le diera órdenes de callarse, Haile le lanzó la expresión “negra puta” en dos oportunidades, según registros que constan en la Justicia.
El insulto fue presenciado por otro ciudadano argentino en la fila quien, indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Los agentes detuvieron al agresor en el acto y, según los detalles del arresto precisados en una nota enviada por la Guardia Municipal a LA NACION, Haile fue luego escoltado hasta la sede de la 12ª Comisaría de Policía Civil de Río. Por su parte, la policía civil ratificó la situación procesal del acusado a través de un escueto comunicado oficial: “De acuerdo con la 12ª DP (Copacabana), un hombre fue conducido a la unidad por guardias municipales. Fue detenido en flagrancia por injuria racial”.
Un video del momento de la captura muestra a Haile, un hombre canoso de contextura delgada, caminando con sandalias, con un piluso celeste de tela y una camiseta de fútbol de la selección brasileña. Flanqueado a ambos lados y sostenido del brazo por dos de los guardias municipales, mientras otros tres oficiales rodeaban la formación, Haile fue conducido hacia la entrada de la comisaría.
La Justicia de Río de Janeiro confirmó a LA NACION que ayer decidió convertir la detención en flagrante de Haile en prisión preventiva. La rapidez con la que actuó la Justicia al dictar la medida no es un hecho aislado, sino la aplicación de una normativa rigurosa. Desde enero de 2023, Brasil equiparó el delito de injuria racial al de racismo, lo que implica que es imprescriptible y no excarcelable mediante fianza en la instancia policial.
Haile, quien declaró residir en Brasil desde hace al menos dos años, enfrenta ahora el peso de esta ley desde una celda, a diferencia del alivio que obtuvo Páez. Tras el episodio de enero de este año, la abogada santiagueña llegó a permanecer por más de 70 días en Río con una tobillera electrónica, bajo medidas cautelares, y solo pudo regresar a la Argentina tras la concesión de un habeas corpus y el desembolso de una caución de unos 18.800 dólares.
A diferencia de Páez, que estaba como turista en la ciudad, Haile es un residente. Su tiempo viviendo en el país hace presuponer un mayor conocimiento de la cultura local, lo que podría agravar aún más su posición ante la Justicia local.