Chile expulsó a un ciudadano argentino que había participado en una manifestación en Santiago, en el marco de desórdenes públicos registrados a fines de marzo. La medida fue informada por la Subsecretaría del Interior chilena, que precisó que su deportación se produjo el miércoles “en aplicación de la normativa migratoria vigente”.
El expulsado fue identificado como Andrés Alexis Vergara, de 31 años, quien se encontraba en “situación migratoria irregular” tras haber excedido el plazo de permanencia como turista. Según el comunicado oficial difundo en X, fue detenido el 26 de marzo por personal policial en el contexto de “incidentes vinculados a una protesta estudiantil en la zona de Recoleta”, a días de la conmemoración del Día del Joven Combatiente.
De acuerdo con las autoridades, Vergara fue imputado por su presunta participación en la instalación de barricadas incendiarias y en la interrupción de la circulación en la vía pública, conductas tipificadas en la legislación chilena. Posteriormente, el 30 de marzo, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso su prisión preventiva mientras avanzaba el proceso penal en su contra.
La Subsecretaría del Interior señaló que la expulsión se resolvió mediante el uso de una facultad administrativa extraordinaria prevista en el artículo 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, ejercida por el subsecretario Máximo Pavez. La resolución, fundada en razones de seguridad interior, fue dictada a comienzos de abril y se ejecutó una vez verificado el cumplimiento de la condena.
Durante la jornada, el ciudadano argentino fue trasladado bajo custodia hasta el complejo fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina, lo que dio por cumplida la medida.
Desde el gobierno chileno indicaron que la decisión busca reafirmar que la participación en hechos de violencia durante manifestaciones y el incumplimiento de la normativa migratoria pueden derivar en la expulsión del país.
El subsecretario Pavez sostuvo “el Gobierno de Chile ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”. Remarcó que “por primera vez, en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir”.
Según consigno el medio local Bio Bio Chile, el subsecretario expuso además que “esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la Ley”.
El prefecto inspector Ernesto León, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, indicó por su parte: “La labor de la PDI es garantizar que las resoluciones de expulsión dictadas por las autoridades competentes se ejecuten de manera eficaz, segura y en estricto apego al marco legal vigente. En este procedimiento específico, nuestros detectives realizaron la custodia y el traslado del ciudadano extranjero hasta la frontera con Argentina, cumpliendo con la entrega formal a las autoridades de dicho país”.