CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Fernando Farías Laguna, el contralmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, junto con su hermano, Roberto Manuel, llevaba más de dos semanas residiendo en Argentina.
De acuerdo con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de ese país sudamericano, el sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, ingresó a territorio argentino con pasaporte guatemalteco falso, en el que se hacía llamar Luis Lemus Ramos, con fecha de nacimiento de octubre de 1980.
La funcionaria informó que el marino llegó a la República Argentina procedente de Colombia y después se alojó en el barrio de Palermo.
"Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Farías Laguna es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacía México haciéndolos pasar como aceites y aditivos, con la Policía Federal Argentina lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que la hace la paga", indicó Monteoliva.
Alistan extradición o deportación de Fernando Farías
Se espera que en las próximas horas, Fernando Farías sea presentado ante un juez de ese país que le notificará que es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una orden de captura por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En dicha comparecencia, el marino determinará si se allana a la extradición o es deportado a nuestro país.
Acusaciones contra Fernando Farías
De acuerdo a la investigación, desde 2023 integraba una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible era declarado como "aceites, lubricantes o aditivos" para evadir controles aduaneros y fiscales.
Este modus operandi, conocido como huachicol fiscal, constituye una modalidad compleja de criminalidad organizada que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales para encubrir el delito.
A diferencia del robo tradicional de combustible, este esquema se basa en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, generando ganancias ilegales millonarias y distorsionando el mercado energético.
El impacto de estas maniobras ha sido significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones para el Estado mexicano.