Buenos Aires, 5 may (EFE).- Organizaciones ambientales presentaron este martes ante la Justicia argentina un amparo colectivo, al que se adhirieron 850.000 personas, en contra de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada recientemente por iniciativa del Gobierno de Javier Milei.
La acción de amparo fue presentada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogado Ambientalistas (AAdeAA) ante un juzgado federal de la provincia de La Pampa (centro), donde ya se tramita otro amparo presentado semanas atrás.
El nuevo reclamo, al que adhirieron con su firma unos 850.000 ciudadanos, plantea la inconstitucionalidad de la reforma, aprobada por el Parlamento argentino el pasado 9 de abril y promulgada el 24 del mismo mes por Milei.
La demanda exige que se suspenda en todo el territorio argentino la aplicación de la reforma, que otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
La norma modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de estas masas de hielo, nieve y sedimentos, y del ambiente periglacial, como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Milei ha alegado que esta modificación a la ley en mención era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".
El 9 de abril, el Gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo contra la reforma en el que también plantea la "inconstitucionalidad" de la reforma.
En su reclamo judicial, La Pampa señala que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
Otro amparo fue presentado en la sureña provincia de Santa Cruz, donde un juez ordenó el 24 de abril frenar la aplicación de la reforma en ese territorio.
La nueva batalla judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010, al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen sobre intereses individuales.
(c) Agencia EFE