SAN PABLO.— A pesar de contar con uno de los esquemas de vacunación más ambiciosos y avanzados de América Latina, con 20 vacunas gratuitas y obligatorias, la Argentina enfrenta serios desafíos para traducir este marco legal en resultados efectivos de salud pública. Así lo volvió a mostrar el informe de Vacunación de América Latina, elaborado por la Americas Health Foundation (AHF), en el que el país obtuvo una calificación general de 3.6 sobre 5, apenas una décima por encima del promedio regional de 3.5 y lejos del desempeño de Chile, que lidera la región con 4.3. En el último puesto quedó Guatemala, con 2.7.
La herramienta analiza 17 indicadores, calificados del uno al cinco, de los programas de inmunización en los ocho países incluidos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) para compararlos.
El Programa Nacional de Inmunización (PNI) argentino, establecido en 1977, está respaldado por la Ley 27.491 (2018), que define la vacunación como un bien social y un derecho, exigiendo incluso los certificados de vacunación para trámites oficiales, como la renovación del DNI.
Aunque, según encuestas citadas en el estudio, más del 90% de la población cree en la seguridad y eficacia de las vacunas, el informe plantea la “paradoja del éxito”: la desaparición de enfermedades graves de la memoria colectiva ha reducido la percepción del riesgo, lo que ha provocado un descenso persistente de las coberturas, aun desde antes de la pandemia de COVID-19. “Brotes como el de sarampión hacen evidente la fragilidad de los avances”, ejemplificó Marcela Santos, Directora de Proyectos de AHF al presentar el documento.
La cobertura pediátrica del país permanece debajo de la meta del 90% recomendada por la OMS. Ninguna de las vacunas pediátricas la alcanza. “Estas deficiencias son particularmente preocupantes dado el sólido programa histórico de inmunización pediátrica de la Argentina y el reciente resurgimiento regional de enfermedades como el sarampión”, marca el estudio.
Se trata, a su vez, de la “columna vertebral” de los planes de vacunación de la región. “Chile y Colombia tienen coberturas hasta mayores del 90%, pero últimamente han disminuido en la Argentina, Ecuador y Guatemala. La vacunación sigue muy enfocada en la infancia. En adolescentes, madres y adultos mayores el avance es muy limitado, todavía existe la idea de que vacunarse es únicamente para niños”, describió Santos. A su vez, marcó como señal de alerta que en la región más de 1,46 millones de niños no han recibido su primera vacuna.
En mujeres embarazadas, todos los países evaluados obtuvieron puntajes muy bajos. A la Argentina la calificaron con 1 en esta categoría, por niveles insuficientes de protección y por falta de datos. No hay, por ejemplo, datos de la cobertura de vacunas de Covid-19 en esta población.
Este mismo puntaje obtuvo el país en vacunación adolescente. El informe marca que la cobertura contra el HPV alcanza el 55% de esta población. Por último, el reporte resalta la ausencia total de datos sistemáticos sobre la cobertura de vacunación en adultos y adultos mayores, lo que dificulta cualquier planificación de salud pública basada en evidencia con poblaciones que envejecen.
No es una falencia del país, sino un rasgo común de la región. “Es una cuestión estructural: la vacunación está percibida como servicio pediátrico. En adultos mayores, el alcance es limitado. La cobertura es baja en todos los países. En muchos casos ni siquiera se mide o se reporta en forma confiable qué adultos se están vacunando. Hay poco o ningún presupuesto para vacunación adulta y todo está enfocado en vacunación para niños”, señaló Santos.
En esa línea, enfatizó la necesidad de expandir el enfoque de curso de vida: “Tenemos marcos legales establecidos. Todos los países tienen el comité técnico —encargado de aprobar las vacunas que deben ingresar a los países—, falta asegurar la cobertura. El principal reto está en la cobertura. Los datos disponibles son muy limitados. No se tienen muchos datos en la región sobre las vacunas que se compran, cuántas de verdad se pusieron y terminaron en los esquemas de vacunación. Entonces es muy difícil saber cómo estamos de verdad para saber qué decisiones hay que tomar o identificar las brechas para cambiarlas”.
Entre las recomendaciones a Argentina marcan la necesidad de restablecer presupuestos de inmunización predecibles y protegidos. Aunque el gasto en salud como porcentaje del PBI es alto (calificado con 5.0), describen que el presupuesto real se ha visto erosionado por la inflación y la falta de presupuestos nacionales aprobados en el Congreso en los últimos años. Además, la implementación es desigual: mientras la ley es nacional, la ejecución depende de las provincias, donde resaltan la escasez de personal y los horarios limitados en los vacunatorios (centrados aún en pediatría).