BRASILIA.– El proceso penal contra el ciudadano argentino Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, detenido de forma preventiva en Minas Gerais, sumó un inmediato escenario de confrontación entre la querella y la nueva defensa del imputado. En una entrevista exclusiva con LA NACION, el abogado penalista Gilberto Silva, quien asumió la representación de Dominique –la madre del niño de 7 años víctima del ataque discriminatorio–, confirmó que la fase de investigación policial por el delito de racismo ya fue cerrada al haberse constatado “la autoría y la materialidad” del hecho.
El episodio que desencadenó la prisión de Murias sucedió el domingo 24 de mayo a bordo del tren turístico María Fumaça, un tradicional servicio ferroviario que conecta las localidades históricas de São João del-Rei y Tiradentes en el estado de Minas Gerais. Pasajeros ubicados en el mismo vagón alertaron a la madre que el ciudadano argentino, sentado frente a ellos, estaba captando imágenes del menor sin autorización. Tras un tenso altercado, durante el cual Murias inicialmente negó el hecho y opuso resistencia, la presión de los presentes lo obligó a desbloquear el aparato.
Al revisar la aplicación WhatsApp, la familia encontró las fotografías del menor asociadas a chats escritos en español en los que Murias aludía de forma despectiva al color de piel del niño e incluso sugería la posibilidad de “llevarlo como esclavo”. Ante el hallazgo y tras ser contenido por el pasaje, el hombre fue entregado a la Policía Militar en la siguiente estación. Al igual que Murias, Dominique, oriunda de Río de Janeiro, paseaba con su hijo de 7 años. Era la primera vez que visitaban Minas Gerais.
A partir de este hecho, y más allá del proceso penal que mantiene a Murias tras las rejas, la querella anticipó a LA NACION que iniciará de inmediato una demanda de indemnización civil por daños morales, psicológicos y de imagen contra el argentino, oriundo de Santiago del Estero. El reclamo económico promete ser severo debido al cuadro clínico de la víctima.
“El niño y su madre están extremadamente afectados, asustados, amedrentados y muy frágiles”, describió Silva, quien prefirió mantener en reserva el paradero actual de la familia por cuestiones de seguridad. “La criatura ya está bajo tratamiento psicológico debido a las crisis de pánico que padece tras el episodio”, añadió.
Silva aclaró que la demanda tendrá un fuerte impacto financiero en busca de un carácter pedagógico-punitivo. “Ya pasó la hora de que la Justicia aplique penas más severas en estos casos. Sabemos que, independientemente de la nacionalidad, cuando la sanción toca el bolsillo de las personas, el carácter pedagógico empieza a ser respetado y dejan de jugar con la etnia y el color de la piel”, justificó.
La ofensiva de la víctima confronta de forma directa con la línea argumental esgrimida por el nuevo defensor de Murias, el abogado Ciro Chagas. En diálogo con este medio, Chagas reveló que interpuso un recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) para exigir la inmediata libertad de su cliente. La estrategia de la defensa se asienta sobre una base técnica: sostiene de manera categórica que, más allá de tratarse de un “hecho infeliz”, las conductas que se le imputan a su defendido no constituyen un delito bajo la legislación brasileña debido a que los mensajes de WhatsApp pertenecían a una “esfera privada”.
“El hecho de haber tomado la fotografía del niño y enviado mensajes asociados a él ya configura el delito de racismo”, retrucó Silva, rechazando de plano la versión de un supuesto malentendido. El letrado, especialista en derecho antidiscriminatorio y exdirector de la Comisión de Igualdad Racial de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en Minas Gerais, sentenció: “Al asociar la imagen de cualquier persona con palabras racistas en un entorno de mensajería, el delito ya está consumado. En este caso, además, se ataca a una colectividad de personas negras”.
El proceso tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei. El foco está puesto en los resultados definitivos del peritaje sobre el dispositivo incautado. La legislación brasileña estipula que, si se comprueba que el material visual y los textos discriminatorios fueron compartidos en redes sociales o grupos abiertos de WhatsApp, la escala penal sufre una ampliación automática.
Consultado sobre el temor inicial de la madre, quien deslizó ante la prensa la sospecha de que el acusado pudiera integrar una red de trata infantil debido al hallazgo de divisas en su mochila, el abogado de Dominique fue cauto: “La policía tuvo acceso a las pertenencias. Caberá exclusivamente a la policía, tras analizar el contexto y las pruebas, ratificar o descartar formalmente si existe esa posibilidad de otros delitos”.
La situación de Murias reaviva una preocupante saga de ciudadanos argentinos involucrados en incidentes de discriminación en suelo brasileño, que coincide en el tiempo con la espera de sentencia en el caso de Agostina Páez, la abogada también santiagueña que pasó tres meses detenida en Río de Janeiro por injuria racial.
Respecto a esta reincidencia, Silva enfatizó la necesidad de un abordaje institucional profundo. “Es necesario un trabajo riguroso entre embajadas y consulados para que las personas de la Argentina tengan conciencia de que el racismo en Brasil no es tratado de la misma forma que en su país. Aquí la punición es severa y es real”, remarcó el letrado.
Por último, transmitió un mensaje directo dirigido a los argentinos que cruzan la frontera: “El país tiene hoy la filosofía de mostrarle tarjeta roja al racismo. Quienes vengan a pasear y a disfrutar de nuestras bellezas deben recordar que la Constitución dice que todos somos iguales. Quien lo incumpla, terminará preso”.