Buenos Aires, 11 jun (EFE).- El asesinato del suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero, el 11 de junio de 2011, impidió que se celebrara en este país el primer matrimonio gay de un integrante de las fuerzas de seguridad, un crimen de odio reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que sigue impune 15 años después.
Romero tenía 33 años y vivía en Buenos Aires con su pareja, Gabriel Gersbach, con quien pensaba casarse en diciembre de ese año tras doce años de relación. Para ello había solicitado autorización a sus superiores, según indicaba entonces el protocolo para los integrantes de la fuerza naval que quisieran contraer matrimonio.
Hacía un año que se había legalizado el matrimonio igualitario en Argentina, bajo una ley sancionada en 2010 durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que puso al país en la vanguardia de las políticas de género.
Argentina fue el primer país de América Latina y el décimo del mundo en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo.
El cuerpo sin vida de Romero fue hallado el 17 de junio de 2011, flotando desnudo en el Río de la Plata, en una jurisdicción de las afueras de Buenos Aires correspondiente a la Prefectura Naval, fuerza de la que la víctima formaba parte desde los 17 años.
Una dudosa investigación judicial
En la causa radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a la que accedió EFE, testigos declararon haber visto pintadas contra la orientación sexual de Romero en los baños del edificio de guardacostas en el que trabaja. Otros contaron que el agente recibía amenazas telefónicas y era castigado por sus superiores con trabajo extra.
Sin embargo, la fiscal Estela Andrades nunca investigó la hipótesis del crimen de odio y apuntó contra Gersbach, con la emisión de numerosas medidas de prueba contra él y su familia.
En los interrogatorios, Andrades incurrió en numerosos prejuicios de género, como indagar en las relaciones sexuales ocasionales de ambos con otras personas o preguntar si la víctima era portadora o no de VIH, con el propósito de desacreditarles.
Aunque nada de ello se convirtió en prueba esa línea de investigación se mantuvo pese a que, en septiembre de 2015, un informe entregado de manera anónima a la Fiscalía, al que accedió EFE, detalló el operativo.
El informe hace referencia a un operativo llamado "Dignidad", llevado a cabo por 13 personas, cuyo objetivo era impedir el casamiento homosexual, y revela la existencia de un disco duro con información del asesinato, escondido en el edificio de guardacostas.
Pese a esa información, el juez Jorge A. de Santo retrasó el allanamiento del edificio quince días, al alegar "falta de verosimilitud", y cuando al fin se produjo ya no estaba el disco duro en el lugar.
De Argentina a la CIDH
Gabriel Gersbach vio por última vez a Romero en el departamento que compartían, antes de irse a trabajar con su taxi, algo que corroboraron distintos pasajeros. Cuando regresó, halló las luces prendidas y la puerta sin signos de violencia. El informe indicó que Romero fue secuestrado de su domicilio bajo el pretexto de acudir a una misión secreta.
La última llamada que recibió Romero fue a las 19.12 horas del 11 de junio de 2020 y provino de la casa de su compañero y amigo de la Prefectura Naval Omar Quiroz, quien, junto a su esposa, almorzaban a menudo juntos en su domicilio.
María José Galiano, esposa de Quiroz, declaró que le había llamado para preguntar el precio de las pastas. "Una cosa absurda, porque Octavio casi nunca cocinaba y las pastas las compraba yo", dijo a EFE Gersbach.
El caso adquirió relevancia internacional cuando llegó a la CIDH de la mano de Gersbach y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La hipótesis más probable, dice el escrito presentado ante la CIDH, es que "se trató de un crimen de odio cometido por integrantes de Prefectura, organizado y perpetrado por más de una persona, con la finalidad de evitar el casamiento homosexual de alguien de la fuerza, el primero de todas las fuerzas de seguridad”.
En 2022 el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no otorgar garantías judiciales y no haber protegido la integridad personal de Romero y Gersbach.
Un acuerdo de solución amistosa incluyó medidas de reparación simbólica por parte del Estado, algunas se cumplieron, como las capacitaciones dentro de la fuerza pública, y otras quedaron suspendidas tras la llegada a la Presidencia de Javier Milei, en 2023.
La causa penal sigue abierta en Argentina pero no ha tenido avances significativos desde 2016, por lo que el crimen sigue impune.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de Argentina registró 227 casos en 2025, la cifra más alta desde la creación del organismo, en 2016. El Estado tuvo responsabilidad en el 53,30 % de los casos y, de ellos, el 28,19 % corresponde a violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
Florencia Pessarini
(c) Agencia EFE