El empresario multimillonario Peter Thiel es una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, cofundador de Palantir Technologies, una plataforma de recopilación de enormes volúmenes de datos que opera con inteligencia artificial (IA). Su supuesta intención de instalarse en Argentina y su compra de una propiedad en Buenos Aires generan preocupación más allá del mero ámbito económico, tanto en organizaciones civiles y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, como en observadores y analistas argentinos consultados por DW.
Thiel se autodefine, al igual que el presidente argentino, Javier Milei, como "anarcocapitalista" y "enemigo del Estado". "En muchos aspectos, Argentina parece estar convirtiéndose en un laboratorio, en una suerte de espacio de experimentos", dice el politólogo Gustavo Marangoni.
La presencia de Thiel "llama especialmente la atención, porque el Gobierno de Milei reivindica la libertad individual, pero, al mismo tiempo, está impulsando la creación de bases de datos y espejos virtuales de control de los ciudadanos", subraya, añadiendo que "Peter Thiel tiene definiciones muy polémicas respecto de la democracia, al disociarla de la libertad".
La tecnológica Palantir también estuvo detrás de la captura y traslado a EE. UU. del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y de los procedimientos contra migrantes por parte de ICE.
"Palantir es una empresa de minería de datos que hace entrecruzamiento de bases de datos de innumerables fuentes, como navegación de GPS, datos de webcams, de redes sociales, y que Thiel esté en Argentina e incluso haya tenido reuniones con Milei y con ministros genera muchos interrogantes", coincide Sebastián Di Doménica, experto en inteligencia artificial y medios digitales.
El Gobierno de Javier Milei anunció en mayo de 2026 la creación del programa "Gemelo Digital Social", una plataforma de IA que integrará grandes volúmenes de datos personales sobre salud, movilidad y hasta la participación en protestas, a fin de simular escenarios sociales y predecir su impacto. Pero el riesgo para los datos personales es una historia de larga data en Argentina.
"Aunque Argentina fue un país de vanguardia en este sentido, se ha producido un vaciamiento en materia de protección de datos, una ausencia total de política pública de seguridad informática, con un problema adicional, que es la fragmentación de bases de datos de uso público", comenta Tomás Pomar, especialista en Derecho Informático y presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).
"En ese marco se produce la presencia de Thiel", señala, "con una narrativa de la extrema derecha que toca temas que preocupan a mucha gente". Pomar advierte sobre el peligro que se corre en Argentina de "perder la discusión en términos democráticos, porque muchos están exigiendo respuestas a los problemas, por ejemplo, a la inseguridad, o que se faciliten trámites públicos, y no les importa la vigilancia en este sentido".
Este experto y su organización alertan, hace tiempo, sobre la falta histórica de interoperabilidad entre las bases de datos públicos, por ejemplo, de los ministerios. Si a eso se suman problemas de ciberseguridad, dice Pomar, "hablamos de la falta de gobernanza de datos".
Con su segunda reforma a la Ley de Inteligencia Nacional por decreto (DNU 941/2025), Milei propició que los agentes de los servicios secretos puedan operar sin vigilancia judicial ni los debidos procedimientos legales bajo el pretexto de la seguridad nacional.
"También se habilitó a las fuerzas de seguridad a hacer ciberpatrullajes en redes sociales o en ámbitos web abiertos", resalta Di Doménica.
"Los posibles acuerdos entre el Estado y las empresas de vigilancia y gestión de datos, como la de Peter Thiel, genera preocupación", confirma Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) . "Estas empresas son cuestionadas por haber utilizado sus capacidades en acciones como represión, persecución de migrantes y otros abusos. Además, esto se agrava por sus posturas públicas, que se perciben como favorables a prácticas que contribuyen al deterioro de la democracia a nivel global y en Argentina".
Asimismo, Trufó alerta sobre el hecho de que "el Estado se está volviendo cada vez más opaco, se debilitan los controles sobre adquisición de herramientas tecnológicas con más posibilidad de controlar a la gente y de hacer inteligencia ilegal".
Para Pomar, otro aspecto importante es la posibilidad de que los datos de ciudadanos argentinos se trasladen a EE. UU, también, supuestamente, sin los controles debidos, en el marco del Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026.
Con este acercamiento del Gobierno de Milei a Peter Thiel, ¿podría Argentina, a través de Palantir, convertirse en un Estado de vigilancia al estilo de China?
"Hay diferencias estructurales con China", sostiene Tomás Pomar, "si bien no se puede negar que esto aumentaría la vigilancia". Pero "el modelo de vigilancia chino no es de contratación pública, está en manos del Partido Comunista, y China no negocia con proveedores externos", detalla.
"Creo que sería muy diferente al estilo de China, tanto por el tipo de tecnología ―China está mucho más avanzada― como por el concepto de vigilancia y sus fines", dice Patricio Giusto, consultor político y experto en Relaciones Internacionales.
"En este sentido, la concentración de información de los individuos en manos del Estado ―que es todo lo contrario de liberal― para mantener lo que el Gobierno de Milei llama su 'batalla cultural', plantea un riesgo porque existe una limitada capacidad de control sobre estas iniciativas del Gobierno", considera el politólogo Marangoni. "Y esto está vinculado a negocios muy puntuales de concentración y control de datos, por lo cual vemos, en este caso, una relación bastante peculiar entre el poder político y los poderes económicos".
El experto en IA Sebastián Di Doménica aclara que "a veces es difícil llegar a al público masivo con la información sobre los peligros de sistemas de vigilancia como el de Palantir. La gente vive más en el día a día con sus dificultades económicas, y no está tan atenta a ello. Pero el asunto podría tener relevancia en las elecciones del año que viene, si es instalado como tema de debate por los grandes referentes públicos".
"Si el Estado argentino decide cerrar contratos con Palantir, para la vigilancia masiva y el análisis predictivo, por supuesto que estamos claramente en una situación de deterioro de la democracia", puntualiza.
Y advierte que eso podría llevar a decisiones sesgadas y discriminatorias que afecten a minorías. "Eso requiere un debate y un control por parte de organismo independientes”, enfatiza. "Argentina debe estar muy atenta para impedir la instalación de este tipo de sistemas que perjudican la democracia y las libertades”.
(rml)