El Gobierno de Argentina oficializó hoy la reforma del régimen de inversiones mineras mediante el Decreto 482/2026. La medida sustituye el anexo del histórico Decreto 2686/93, con el objetivo de adaptar la normativa a las “nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas”, buscando optimizar la competitividad del sector.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la agilización del régimen de importaciones. El Gobierno sostituyó el sistema de autorizaciones previas y certificados por una declaración jurada sobre el destino minero de los bienes.
Cambios en la Ley de Minería, el beneficio de devolución del IVA
La declaración jurada emitida, de acuerdo con la nueva disposición, se integrará automáticamente con el Sistema Informático Malvina (SIM) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vucea).
En sintonía con la necesidad de liquidez de las empresas, se optimizó el procedimiento para la devolución acelerada del IVA en la etapa de exploración. Ahora, la documentación se limitará a facturas y comprobantes de pago, por lo que se elimina la obligación de notificar trabajos exploratorios previos a su realización.
Estabilidad fiscal y seguridad jurídica
El decreto redefine también el proceso para obtener el Certificado de Estabilidad Fiscal. Este establece que la fecha de inicio de la estabilidad será la de la presentación del estudio de factibilidad, mientras que el acto de aprobación habilitará expresamente al beneficiario a reclamar ante cualquier vulneración de este derecho.
Sin embargo, se introduce una mayor exigencia de transparencia: los beneficiarios deberán mantener actualizado su estudio de factibilidad ante cualquier cambio sustantivo en la viabilidad técnica o económica del proyecto. Además, se crea la obligación de presentar una declaración jurada anual con un informe económico-financiero auditado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Por su parte, en un cambio clave para la logística y la cadena de valor, el Gobierno amplió el límite de integración regional a 500 kilómetros.
Esta modificación habilita una mayor flexibilidad para conectar los yacimientos con las plantas de beneficio. El objetivo es fomentar la competitividad y extender el impacto económico de la actividad a un territorio más amplio.
Seguros ambientales
La nueva norma armoniza las exigencias de la Ley 24.196 con la Ley General del Ambiente. Así, la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá satisfacer el requisito de previsión para alteraciones ambientales, considerándolo un instrumento “más eficaz y verificable” para asegurar recursos destinados a la remediación.
Finalmente, el decreto incorpora un régimen específico para los prestadores de servicios mineros, que deberán acreditar un porcentaje mínimo de facturación en el sector para mantener sus beneficios, bajo riesgo de suspensión o baja del registro en caso de incumplimiento.