La defensa de uno de los exoficiales argentinos acusados por la implosión de un submarino en 2017 pidió este jueves su absolución, alegando que no hay pruebas de que sus acciones condujeran a la muerte de los 44 tripulantes.
La fiscalía pide cinco años de prisión en este caso, que se juzga en la ciudad de Río Gallegos (2.500 Km al sur de Buenos Aires). El proceso busca determinar si los cuatro exoficiales imputados incurrieron en faltas administrativas, de mantenimiento y de seguridad que llevaron a que el "ARA San Juan" zarpara en malas condiciones.
Nunca se determinó con certeza cuál fue la causa del desastre.
La nave tenía una restricción de inmersión de 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir con reparaciones.
La primera etapa de los alegatos del juicio concluyó este jueves con el pedido de absolución del excomandante de la Fuerza de Submarinos, el excapitán de navío Claudio Villamide.
"No tenemos prueba concluyente de que haya existido el incumplimiento de deberes y mucho menos que hayan podido impactar en un evento desconocido al que vamos a llamar estrago", dijo al tribunal su abogado, Juan Pablo Vigliero, en una audiencia transmitida en vivo.
Vigliero intentó deshacer los argumentos de la fiscalía, que el lunes había pedido cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el excapitán.
Entre otros puntos, los fiscales consideraron que Villamide no tuvo en cuenta "las condiciones deficientes de alistamiento" del submarino y un pedido para que fuera llevado a "dique seco" para inspecciones de seguridad, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía también recomendó penas de entre tres años y medio y cinco años para los otros tres acusados. Todos están acusados de incumplimiento y omisión de deberes, y estrago culposo.
Las querellas que representan a las familias de las víctimas, 43 hombres y una mujer, también pidieron penas de prisión para los cuatro.
El abogado Vigliero sostuvo que "el submarino estaba alistado" para navegar y que Villamide actuó "de acuerdo a lo que indica la regla naval".
El último contacto del submarino fue el 15 de noviembre de 2017, cuando reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio.
Sus restos fueron ubicados un año después, a 900 metros de profundidad y a 500 km de la costa de la provincia patagónica de Santa Cruz.
La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.
Por la localización de los restos, no pudieron hacerse peritajes mecánicos que ayuden a determinar qué fue lo que ocurrió.
El juicio se reanudará el 6 de julio con el alegato de las defensas restantes. Se espera que el veredicto tenga lugar en agosto.
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