Un conflicto por el pago de salarios de los colegios privados enfrenta al gobierno nacional y a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y escaló hasta la Corte Suprema de Justicia provincial luego de que la Nación presentara una demanda y una acción de amparo contra la Provincia. Ocurre que en la última sesión del año pasado en la Legislatura bonaerense se aprobó una ley que busca transferir el pago de los aportes del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos al Instituto de Previsión Social, en lugar del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), al que vienen aportando hasta el momento.
Paralelamente, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) también recurrió a la Justicia para cuestionar la entrada en vigencia de la ley y advirtió que una norma provincial no puede imponerse sobre una nacional. Además, señalaron que la aplicación de la medida implicaría mayores costos laborales para los colegios y, a la vez, incrementaría la proporción de aportes que debe hacer el trabajador. En ese sentido, solicitaron que la medida no rija hasta que la Justicia resuelva, ya que se podrían generar deudas en el sistema previsional nacional, que podría interpretar el cambio como ausencia de aportes obligatorios.
La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que dispuso que los docentes extraprogramáticos –quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria– y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS.
El gobierno nacional, en su presentación ante la Justicia, planteó la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial y solicitó el dictado de una medida cautelar.
“El Estado nacional promueve la presente acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia que aprobó el artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 y solicita, con carácter urgente, una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta el dictado de la sentencia definitiva. La norma impugnada pretende desafiliar del SIPA e incorporar al IPS a trabajadores cuyo vínculo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, esto es, por el derecho privado del trabajo. El artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 es, por ende, manifiestamente inconstitucional, en tanto excede las facultades provinciales en materia de seguridad social e invade competencias propias del Estado nacional ejercidas constitucionalmente mediante el dictado de normas (Ley N° 24.241 y sus normas complementarias y reglamentarias) aplicadas por el Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados”, plantea el reclamo de la Nación, al que tuvo acceso LA NACION.
En el texto, las autoridades advirtieron que la medida fue adoptada sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.
LA NACION consultó a la Dirección Provincial de Cultura y Educación bonaerense sobre la situación, pero hasta el momento no hubo respuestas. De la misma forma, contactó a la Secretaría de Educación nacional y a la Anses; tampoco respondieron hasta el cierre de esta nota.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por la Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.
Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas.
Los responsables de los colegios privados advierte que la medida tendría un fuerte impacto económico. Por un lado, podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Por otro lado, también podría afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional.
Además, según se denuncia, el cambio podría generar consecuencias previsionales para las personas alcanzadas por el cambio, ya que muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial. En ese escenario, terminarían jubilándose por la Anses, mientras que durante años sus aportes habrían sido derivados al sistema provincial.
Frente a este escenario fue que la Aiepa promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas.