Pasaron 15 días desde la salida del subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, y aún no hay noticias sobre quién lo reemplazará. La acefalía de la cartera ambiental es, para Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad sin Fronteras, un síntoma de la inacción climática del gobierno nacional, la cual fue analizada en el último reporte del Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC).
Liderado por Villares y en conjunto con 26 organizaciones ambientales, centros de investigación, universidades, fundaciones y medios de comunicación nacionales e internacionales, este observatorio se encarga de seguir la política pública en materia ambiental y climática. El reporte fue lanzado la semana pasada en un evento en el que participaron científicos, activistas, técnicos y políticos.
La conclusión fue contundente: nueve de cada 10 objetivos climáticos están fuera de trayectoria. En otras palabras, el 88,7% de los 115 compromisos observados y realizados por el gobierno nacional caducaron sin cumplimiento, jamás avanzaron o fueron eliminados. La mayoría tiene como fecha límite formal 2030.
Para Villares, estas faltas administrativas o de gestión son también mensajes políticos: "Que no hayan presentado la última Contribución Nacional Determinada [que renueva el diagnóstico y los objetivos en los compromisos climáticos] o que hayan retirado a la delegación argentina de la COP29 da un mensaje de incertidumbre para afuera", explicó.
Son 103 los objetivos que, según el relevamiento de la ONAC, no están encaminados hacia su cumplimiento. "Por ejemplo, había un compromiso de que el 100% de los vehículos del Gobierno nacional sean eléctricos, que para nosotros es algo imposible para 2030", describió Villares y concluyó: "Hay un claro abandono de la política climática a nivel nacional. Y, si bien hay casos en donde los objetivos están cercanos al cumplimiento, no vemos que sea por una política dedicada a eso, sino porque menos consumo y producción significan menos emisiones".
De acuerdo con el informe de la ONAC, los objetivos cumplidos o con avance positivo corresponden a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hay información disponible para entender lo que sucede dentro de la administración pública. Pero el observatorio reveló que allí dentro pasa muy poco en términos de política climática.
"Vemos mucha desidia y abandono. Hicimos preguntas y pedidos de acceso a la información en 17 dependencias, y varias nos respondían directamente que no están dando seguimiento para nada al tema ambiental, o que eso no les correspondía a ellas, aunque esté así estipulado oficialmente", señaló el experto, que destacó el avance en la publicación del Sistema Nacional de Información Climática (SNIC).
Este sistema debería concentrar toda la información disponible sobre política climática. "Sin embargo, vemos que lo que corresponde a Nación data de 2023", agregó Villares. En otras palabras, desde que la administración libertaria arrancó, no hay información nueva disponible.
El reporte plantea que hay un cierto grado de avance en la política ambiental y climática a nivel provincial, aunque "hay distintos grises": "Vemos que un problema grande es que no tienen fondos para ejecutar. Muchos programas climáticos provienen del multilateralismo, pero necesitan firma soberana [la aprobación de Nación], y muchas veces no se da", detalló el director de Sustentabilidad sin Fronteras.
A pesar de las dificultades, el coordinador del ONAC destacó que uno de los aspectos en los que hubo avances es el de los planes provinciales de respuesta al cambio climático. De acuerdo con el observatorio, tres provincias tienen planes activos, 13 los tienen en proceso de convalidación y ocho no tienen ningún plan.
"Lo fundamental es que estén haciendo los planes, que, si bien parece administrativo, es el basamento de las políticas climáticas y también de su monitoreo", agregó Villares.