El presidente Javier Milei prohibió la entrada al país y habilitó la expulsión de extranjeros que emitan expresiones de "odio" en contra de los argentinos.
El mandatario ultraderechista lo hizo mediante un decreto, que entró en vigencia este jueves, y que modifica la Ley de Migraciones de Argentina.
"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", fue el mensaje con el que el gobierno difundió la publicación del acto jurídico.
La medida se da luego de que el propio Milei denunciara una supuesta campaña "antiargentina" en el marco de la última Copa del Mundo celebrada en junio pasado en México, Canadá y Estados Unidos.
El mandatario se refiere a las críticas que tuvieron eco principalmente en redes sociales y que fueron formuladas por algunas figuras públicas en contra de la selección argentina de fútbol.
Se les acusó de estar supuestamente siendo favorecidos por la FIFA y, además, de ser un país racista.
La decisión de la Casa Rosada ya ha generado polémica en el país sudamericano, que se ha caracterizado históricamente por recibir a amplios grupos de población migrante.
El decreto reconoce que Argentina ha tenido una "política de apertura, hospitalidad y respeto hacia los extranjeros que deciden habitar su suelo".
Pero señala que "el quiebre del respeto básico desnaturaliza el sentido de las políticas migratorias, transformando el ingreso al territorio nacional, o la permanencia de tales personas en él, en una flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social que fundamentan su admisión en el país".
Para Milei y su gobierno cualquier ataque a la argentinidad pone en riesgo a los ciudadanos locales y afecta gravemente las reglas de una sana convivencia. Se trata, entonces, de "proteger el honor nacional".
Por ello, sanciona a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso".
El decreto, sin embargo, recalca que en ningún caso ese supuesto puede utilizarse para perseguir "expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente".
El acto jurídico señala que, de incurrir en alguno de los actos de agravio contra los argentinos, se procederá a la cancelación de la residencia, "lo que conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado".
La decisión del gobierno no tardó en sumar críticas.
Sus opositores políticos han puntualizado que, de aplicarse este decreto al propio Milei en otros países, él mismo habría tenido que ser expulsado. Esto, a solo días de haberse referido a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, como un "ladrón" y "basura socialista" en su propio país, desatando una crisis diplomática entre ambos países.
La diputada peronista Florencia Carignano calificó de irónico que "un gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado" proponga una medida de esa naturaleza.
"Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios... Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China, Venezuela", agregó.
Otros parlamentarios de oposición han advertido sobre la posibilidad de que una medida así de genérica pueda utilizarse de manera discrecional para perseguir migrantes.
[BBC]
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