Más de 150 buques de carga estuvieron varados desde el fin de semana frente a los puertos más importantes del sistema de transporte fluvial y marítimo argentino, por una protesta de quienes guían los barcos en rechazo a cambios normativos.
El conflicto se resolvió a última hora de la tarde del martes, luego de que el gobierno del presidente Javier Milei aceptara "suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje", informó la oficina del mandatario en un comunicado.
"El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques", detalló.
Los barcos estuvieron fondeados desde el domingo en los ríos De la Plata y Paraná, los dos ingresos y canales de navegación del comercio exterior argentino, donde están ubicados los puertos por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones del país, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Las protestas comenzaron luego de la publicación del decreto que reemplazaba la normativa actual, vigente desde 1991, para la actividad de practicaje y pilotaje en Argentina.
Entre otros cambios, el decreto disponía que en algunos casos los barcos extranjeros naveguen el sistema fluvial y marítimo argentino sin la necesidad de contratar el servicio de prácticos, y de ese modo reducir costos de flete.
Fernando Ramírez, líder del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), dijo a la AFP que la tarea de los prácticos es esencial "para tener la seguridad de la navegación".
Estos trabajadores poseen "el asesoramiento directo sobre el gobierno de estos buques" que ingresan a las vías navegables troncales y conocen los ríos para evitar siniestros, explicó el dirigente.
Ante las graves complicaciones para el movimiento de embarcaciones que llevan grano, combustible y otras mercaderías, el Gobierno intimó este martes por la mañana a cada uno de los más de 500 prácticos a que retomaran sus tareas.
Finalmente, representantes del sector acordaron volver al trabajo y recortar un 20% las tarifas del servicio. El Gobierno se comprometió a suspender la aplicación del decreto.
Las partes conformarán una mesa de trabajo "para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad" para revisar la desregulación, informó el Gobierno.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo en un comunicado que el costo económico de la protesta implicaba "entre 50.000 y 100.000 dólares por día" por cada buque fondeado.