El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el envío al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del banco central. Tres ejes resaltan, preservar el valor de la moneda como misión única, prohibir el financiamiento al Tesoro, provincias y municipios y blindar al presidente y al directorio, cuya remoción exigiría dos tercios de ambas cámaras. Junto a eso, un paquete que incluye el "grillete fiscal": una regla que impide sostener un déficit presupuestario y a la que "invitará a las provincias" a adherirse.
Sobre la prohibición de financiar al Estado hay más consenso del que sugiere el ruido, aunque la "aritmética desagradable" de Sargent y Wallace, un resultado de la propia tradición monetarista, no desaparece por ley: si el déficit persiste y se cierra el canal monetario, el ajuste reaparece como default, atrasos o cuasimonedas provinciales. De ahí que el equilibrio presupuestario obligatorio sea la pieza que da o quita sentido a todo lo demás.
El problema que subyace a la propuesta de Milei es que una ley ordinaria se deroga con otra, es decir, el valor de la reforma es de señalización (un anuncio que exhibe intenciones sin el mecanismo que las garantice) y dura lo que dure la coalición que la sostiene.
Pero el problema de fondo no es el rango de la norma, sino la discrecionalidad que deja viva en la arquitectura del proyecto por lo que no tiene. No hay meta de inflación, no hay regla de agregados, no hay rendición de cuentas. El programa monetario sí declara un esquema de agregados y una banda cambiaria, pero eso quedó en un comunicado revocable por el mismo directorio que la reforma blinda, no en la ley. Si el presidente reconociera fielmente la naturaleza monetaria de la inflación, como repite una y otra vez, habría legislado una regla de crecimiento del dinero. O si prefiriera el blanco o el enfoque de blancos de inflación, habría fijado un número con su rango de variabilidad. No está ninguno y, sin objetivo definido ni forma de medirlo, la reforma es otra buena intención y nada más.
¿Qué significa todo esto? Reglas rígidas del lado fiscal, con el "grillete", y discrecionalidad del lado monetario y cambiario, las herramientas de siempre con menos obligación de rendir cuentas. Un banco central así, con mandato único como el que se propone, tendrá una constitución fiscal con membrete de carta orgánica.
Para que esto no se quede en una interpretación personal, hay al menos tres formas de observar su evolución. Si el gobierno legisla después una regla nominal, de blancos de inflación o de agregados, hubo conversión doctrinaria; si nunca aparece, el mandato único era señalización. Si empuja el rango constitucional, la reforma se vuelve una arquitectura permanente y no puente hacia la dolarización prometida. Y el punto decisivo: si toca la designación de directores y no sólo la remoción, la credibilidad se construirá con procedimientos y no con prohibiciones.
Argentina puede tener la "mejor" carta orgánica de su historia y descubrir que el problema nunca estuvo en el artículo que prohíbe la emisión. La aritmética desagradable no dice que el fisco domine al dinero, dice que el orden de los movimientos sobre quién fija primero y quién acomoda después no lo decide una ley, lo decide una coalición. Y la ventanilla donde ese orden se negocia sigue abierta: el reparto discrecional de transferencias a las provincias hoy está en manos del mismo funcionario que coordina el gabinete y retiene el Interior, Diego Santilli. Por tanto su diseño merece ese matiz: cuando haya déficit, lo primero que se frena son justamente esas transferencias discrecionales, de modo que la regla a la que se "invita" a las provincias puede operar también como instrumento de presión política administrado desde la misma billetera.
*Profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM.