BRASILIA.― El campus de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), un predio de vanguardia ubicado a 100 kilómetros de San Pablo, suele ser noticia por sus avances en innovación y por consolidarse sistemáticamente como una de las mejores universidades de América Latina. Sin embargo, desde hace semanas que el foco mediático no está puesto en su excelencia académica, sino en un caso policial. En el centro de la escena aparece una científica argentina, Soledad Palameta Miller, una rosarina de 36 años que pasó de ser una prometedora profesora de la Facultad de Ingeniería de Alimentos (FEA) a convertirse en la principal sospechosa de un caso de robo de material biológico que moviliza a la Policía Federal brasileña.
La trama, que mezcla presuntas ambiciones comerciales y un manejo temerario de patógenos de alta peligrosidad, estalló cuando la propia universidad denunció la desaparición de material biológico sensible. Según los registros del caso, la institución detectó la ausencia de las muestras y contactó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) casi un mes antes del arresto de la científica, el 23 de marzo.
Lo que en un principio parecía una irregularidad administrativa se transformó en una investigación criminal por el presunto hurto de exactamente 24 cepas virales diferentes de los laboratorios de máxima seguridad del Instituto de Biología de este centro de estudios.
Palameta, graduada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Ciencias Farmacéuticas, se había integrado recientemente a la Unicamp, donde realizaba su posdoctorado.
La investigación federal que presenta a la científica rosarina como principal sospechosa del robo se sustenta en evidencias contundentes: las cámaras de seguridad del campus registraron que, desde noviembre pasado, ella y su marido, el veterinario brasileño y alumno de doctorado Michael Edward Miller, frecuentaban los laboratorios de virología en horarios sospechosos. La hipótesis central es que el matrimonio habría trasladado indebidamente las muestras hacia congeladores en la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde la argentina desempeñaba sus tareas académicas.
Entre los organismos robados hay cepas de Dengue, Zika, Chicunguña, Epstein-Barr, Herpes y Coronavírus, además de variantes de la gripe como el H1N1 y el H3N9. Todos están clasificados bajo el Nivel de Bioseguridad 3, destinados a agentes que pueden causar enfermedades graves o letales.
La Anvisa y la Unicamp informaron el 1 de abril pasado que el robo del material no ofrece riesgo a la salud pública, dado que, cuando fue hallado, todavía estaba lacrado y congelado. Sin embargo, se detectó que Palameta entró en un tercer laboratorio controlado entre el 21 y el 23 de marzo, después de que la policía ya hubiera allanado los otros espacios.
Una de las principales incógnitas es la motivación detrás del movimiento de los virus. La Policía Federal investiga ahora si el matrimonio intentó vender las muestras o utilizarlas para el desarrollo de productos privados, una hipótesis que, según reveló el portal de noticias brasileño G1, es analizada formalmente por las autoridades a pesar de no contar aún con elementos concretos de una venta.
El foco está puesto sobre Agrotrix Brasil LTDA, una startup fundada por la pareja. LA NACION revisó datos de la empresa que arrojan detalles reveladores sobre su estructura y ambiciones. Registrada oficialmente el 14 de mayo de 2025, la compañía nació con un capital social de apenas 1.000 reales —menos de US$200—, una cifra que contrasta con la complejidad de los servicios que ofrecía.
A pesar de su escaso respaldo financiero, Agrotrix se presenta en su página web como una “Empresa de Pequeño Porte” dedicada principalmente a la investigación y el desarrollo experimental en ciencias físicas y naturales. Sus actividades secundarias declaradas ante la agencia tributaria brasileña incluyen desde servicios de agronomía y consultoría agrícola hasta actividades veterinarias, laboratorios clínicos y entrenamiento profesional.
La empresa operaba formalmente dentro del parque tecnológico de la Unicamp, aprovechando un programa de incubadora de empresas del centro de estudios superiores. Sin embargo, la propia universidad aclaró que la firma solo tenía permiso para utilizar una oficina compartida de coworking, sin autorización alguna para ejecutar actividades técnico-científicas o manipular patógenos en sus instalaciones.
La sospecha policial apunta a que los “virus transgénicos a medida” que la pareja ofrecía para el tratamiento pecuario podrían haber tenido como base las muestras sustraídas ilegalmente.
Frente a este complejo panorama, Palameta ha optado por un hermetismo absoluto. Su abogado brasileño, Pedro de Mattos Russo, comunicó oficialmente que no hará declaraciones públicas debido al secreto de sumario decretado por la 9ª Vara Federal de Campinas, una medida que restringe el acceso a los detalles procesales para preservar la eficacia de las apuraciones.
LA NACION intentó contactar a Palameta a través de teléfonos asociados a su empresa y mediante sus redes sociales, pero no obtuvo respuestas. Este silencio coincide con una pérdida de apoyo institucional drástica: la Facultad de Ingeniería de Alimentos se desvinculó de sus actividades, aclarando que el manejo de estos agentes de alto nivel de contención no formaba parte de sus planes de trabajo ni estaba autorizado por el vínculo institucional de la docente.
Mientras la Unicamp avanza con una investigación administrativa que podría terminar en su expulsión, la diplomacia argentina sigue el caso con cautela. Fuentes diplomáticas contaron a este diario que el consulado argentino en San Pablo mantiene contacto permanente con el abogado de Palameta para monitorear su situación legal y asegurar el debido proceso.
La científica deberá responder por cargos de hurto calificado, fraude procesal y transporte irregular de organismos modificados, delitos que en Brasil acarrean penas severas.