"Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege". Con ese mensaje, el director de programas de Greenpeace, Diego Salas, resumió el rechazo de la organización a la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, en medio de protestas frente al Congreso durante su tramitación.
La movilización se produjo en paralelo al debate parlamentario sobre los cambios a una norma aprobada en 2010, considerada pionera en América Latina. La ley define estos ecosistemas como "reservas estratégicas de recursos hídricos" y prohíbe actividades como la minería en zonas glaciares y periglaciares.
Las protestas incluyeron una acción directa de Greenpeace en las escalinatas del Congreso, donde activistas desplegaronmensajes para visibilizar su rechazo a la reforma. La intervención derivó en la actuación de la Policía Federal y la detención de varios participantes.
La organización calificó la protesta como una acción "directa y pacífica" para advertir del impacto que, a su juicio, tendría la modificación de la ley sobre la protección de los glaciares y las fuentes de agua del país.
Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares que alimentan cuencas esenciales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. En este contexto, organizaciones ecologistas advierten de que modificar la ley puede afectar directamente al acceso al agua en amplias regiones del país.
El proyecto de reforma, que ya ha avanzado en el Congreso, plantea reducir el alcance de las áreas protegidas y otorgar mayor capacidad de decisión a las provincias sobre qué zonas preservar o habilitar para actividades productivas, incluida la minería.
Related
Los científicos pensaban que este glaciar argentino era estable, pero se derrite rápidamente
El Gobierno argentino defiende la reforma como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo económico, en un contexto de creciente demanda global de minerales como el litio, clave para la transición energética.
Sin embargo, organizaciones ambientales, científicos y parte de la sociedad civil consideran que los cambios suponen un retroceso en la protección ambiental y alertan de que podrían poner en riesgo ecosistemas sensibles en un contexto de crisis climática.