Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia esperan que se reabra en Argentina una causa contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por presunta responsabilidad por estas muertes, conocidas como "falsos positivos", dijo el miércoles uno de los letrados defensores a la AFP.
Un juez federal argentino archivó el caso en octubre pasado porque entendió que debía ser investigado en Colombia. La demanda busca ahora que los jueces revisen esa decisión y abran un juicio en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
"En Colombia hay un diseño institucional que hace imposible la investigación y sanción de un exmandatario, entonces para nosotros está claro que la jurisdicción universal bajo los criterios de la jurisprudencia en Argentina está habilitada", dijo a la AFP uno de los abogados de la querella, Bénédict De Moerloose.
"Tenemos esperanza de que se revoque el archivo", señaló.
En Colombia, se conoce como "falsos falsos positivos" las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública y luego presentadas como bajas de guerrilleros para mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia.
Más de 6.400 personas fueron ejecutadas en esas circunstancias, la mayoría durante el gobierno de Uribe (2002-2010).
El martes, tres familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales relataron sus casos ante los jueces de la Cámara de Apelaciones en Buenos Aires, que tiene hasta un mes de plazo para expedirse, dijeron fuentes del caso.
El principio de jurisdicción universal establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes, ni la nacionalidad de los acusados.
La justicia argentina ya ha habilitado investigar bajo el mismo principio los crímenes contra la minoría rohingya del régimen de Birmania, y también contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro por crímenes cometidos durante su gobierno.
Laura Piña, de 33 años, relató en forma remota desde Colombia el caso de su padre, taxista, que en 2005 salió a trabajar y no regresó. Ocho meses después la familia supo que el Ejército anunciaba su muerte diciendo que pertenecía a un grupo armado.
"Fue una práctica cruel, organizada y repetida en muchos lugares del país, una política macabra liderada por Uribe que permitió asesinar y desaparecer a jóvenes inocentes y convertir sus vidas en cifras", dijo Piña a la AFP.
La Organización Mundial contra la Tortura y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos sostuvo en un comunicado que "ante la ausencia de un proceso judicial que responda a los estándares internacionales (en Colombia), es inminente el riesgo de impunidad".
La Jurisdicción especial para la Paz (JEP), creada en Colombia tras los acuerdos de paz con la guerrilla FARC en 2016, cifró en al menos 6.402 los asesinatos en su investigación de los "falsos positivos".
lm-sa/dga/ad