La Paz, 6 jun (EFE).- Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que han generado el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país.
Esta situación agrava la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación, por lo que suman las voces que piden que Paz declare un estado de excepción ante la negativa de los sectores movilizados a dialogar.
Estas son algunas claves sobre el desarrollo de este conflicto:
1. Una "única demanda"
Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos 'Tupac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB), algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quienes sostienen que su "única demanda" es la renuncia de Paz.
Las medidas afectaron inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero desde hace semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, con al menos un centenar de puntos donde persisten los cortes de ruta.
Estos sectores dicen que el Ejecutivo los marginó de las decisiones gubernamentales y acusan a Paz de intentar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de al menos diez leyes sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos, algo que el Gobierno ha negado.
2. Pérdidas económicas y humanas
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó que las pérdidas económicas por el conflicto ascienden a unos 2.100 millones de dólares, con afectaciones a los empresarios privados y los trabajadores independientes.
Por su parte, el sector turístico registra perjuicios por 1.230 millones de dólares, además de un deterioro de la "imagen-país", según datos del Ministerio de Turismo.
Los bloqueos también ocasionaron la muerte de siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna y de otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.
3. Respaldo internacional
Ante los conflictos, los Gobiernos que conforman el Escudo de Las Américas promovido por EE.UU. expresaron su respaldo a Paz y denunciaron un intento de "derrocar" al Gobierno boliviano por medio de protestas que, según aseguran, son financiadas con "dinero ilícito proveniente del narcotráfico".
Bolivia recibió apoyo humanitario de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió un par de aviones de carga que sirven para reforzar el "puente aéreo" y traslado de alimentos hasta La Paz y El Alto.
Hace unas semanas, el Gobierno de Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por unas declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre el conflicto que fueron consideradas una "injerencia".
4. Desbloqueo y diálogo
La Policía y el Ejército efectuaron, sin éxito, dos operativos el 16 y el 23 de mayo, para habilitar un "corredor humanitario" en una carretera troncal en la zona andina, que derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios.
Ante esta situación, el Parlamento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos intentaron mediar en un proceso que no prosperó por la negativa al diálogo y los condicionamientos de los dirigentes de los sectores movilizados.
El viernes, los campesinos aimaras del altiplano de La Paz dieron un ultimátum al presidente Rodrigo Paz para que presente su renuncia, aunque el mandatario reiteró su voluntad de dialogar.
5. El "último" recurso
La posibilidad de dictar un estado de excepción en Bolivia surgió después de que las primeras movilizaciones derivaran en enfrentamientos con la Policía y saqueos de oficinas estatales y privadas, principalmente en La Paz.
El Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que restringía la labor de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, mientras que el Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto para reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad, que ya fue aprobado por el Senado.
Paz dijo que utilizará todos los recursos que le permite la Constitución para superar el conflicto, aunque remarcó que apelará al diálogo como primera vía de solución.
Gabriel Romano Burgoa
(c) Agencia EFE