El aspirante enfrentará el domingo a la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario autócrata Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta, en cuya celebración no impactará la orden judicial, pues sigue un proceso de apelación.
Si gana la presidencia de Perú, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, además gozaría de inmunidad, según lo establece la Constitución.
"Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino", leyó el juez Adolfo Farfán, tras una audiencia virtual de dos días.
La fiscalía peruana, que pidió una pena de cinco años y cuatro meses, expresó "estar conforme" con la resolución.
La defensa de Sánchez ya anunció que apelará, para lo cual tiene un plazo de una semana.
Según la fiscalía, hay inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en las campañas para los comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020.
De acuerdo con la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su movimiento político para actividades partidarias que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
"Esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación", añadió el juez.
Sánchez hasta ahora no se ha pronunciado sobre la decisión judicial.
El jueves asistió virtualmente a la audiencia, poco antes de su mitin de cierre de campaña en Lima.
"Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente", escribió en abril sobre el proceso en la red social X.
El político alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal, ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.
En estos comicios marcados por la inestabilidad política y el auge de la delincuencia, el candidato izquierdista se presenta como la voz de los pobres y de las áreas rurales.
También acusa a Fujimori de formar una "mafia" política a la que atribuye la inestabilidad del país, que desde 2016 ha tenido ocho presidentes.
Cuatro mandatarios fueron destituidos por el Congreso, en el que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tiene enorme influencia.
Dos más renunciaron antes de ser removidos, uno acabó su breve mandato de ocho meses y el actual interino entrega el poder en julio.
En la recta final de la campaña, Sánchez ha hablado reiteradamente sobre el consenso y la estabilidad, distanciándose de los llamados a un cambio radical que asustaron a algunos votantes conservadores.
El viernes, el aspirante aseguró a la AFP que incluso quiere entablar buenas relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.
"La buena vecindad, las relaciones respetuosas entre las naciones (...), creo que es una prioridad siempre. Y Perú, que tiene relaciones históricas con Estados Unidos, no puede ser la excepción. Esa va a ser nuestra vocación de gobierno", afirmó.
Durante su segundo mandato, Trump ha opinado en varias elecciones en América Latina para apoyar a candidatos conservadores, pero hasta ahora no lo ha hecho sobre Perú.
Sobre la inestabilidad política, Sánchez abogó por alcanzar un consenso político para frenar el uso indiscriminado que hace el Congreso de su potestad para destituir a un presidente alegando "incapacidad moral permanente", como señala vagamente un artículo de la Constitución.
"Tenemos que recuperar el equilibrio de poderes, la separación de poderes, regular la vacancia por incapacidad moral permanente en el cargo del presidente", defendió.
El líder izquierdista resaltó que esa es una tarea que permitirá "parar ese desgobierno que inició el año 2016".