La fiscalización de las cadenas de suministro internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos se transformó en un mecanismo de presión que impacta a las economías de América Latina. A través de regulaciones orientadas a erradicar el trabajo forzado, la administración estadounidense implementa una estrategia de control aduanero y arancelario en niveles micro y macro que modifica los costos de operación y las condiciones de exportación en la región.
Además, el cumplimiento de las obligaciones laborales en México ha encontrado el instrumento de mayor efectividad en el peso de los aranceles y las amenazas comerciales de Estados Unidos, por encima de la madurez de sus instituciones internas, coinciden especialistas.
De acuerdo con Claudia Uribe, especialista en comercio internacional, las medidas aplicadas restringen el acceso al mercado norteamericano si no se comprueba la trazabilidad de los bienes. "Desde el 21 de enero de 2026, los importadores en el mercado de Estados Unidos están obligados a demostrar proactivamente el origen limpio de cada insumo, según el portal de trabajo forzado que se estableció", precisó la especialista. Esta regulación faculta a la autoridad fronteriza para realizar revisiones automatizadas.
El Representante Comercial de Estados Unidos mantiene un procedimiento bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio que involucra a 60 socios comerciales, "si los gobiernos no logran sostener argumentos eficientes después de esa audiencia, Estados Unidos impondrá un arancel generalizado de entre 10% y 12.5% a productos de esos 60 países", señaló Uribe.
Los argumentos presentados por los países afectados abarcan la soberanía legislativa, los compromisos en acuerdos comerciales vigentes y la falta de un estándar internacional vinculante. No obstante, las determinaciones preliminares del Representante Comercial de Estados Unidos desestimaron estos recursos jurídicos, bajo la premisa de que los productos elaborados sin legislaciones operativas generan competencia desleal frente a los trabajadores de Estados Unidos.
Asimismo, detalló que el control genera afectaciones en sectores como la electrónica, textil, minería y agricultura de naciones proveedoras, entre las que se incluye a México. Asimismo, el acceso a la defensa legal representa un factor de costo para las economías latinoamericanas, debido a los honorarios de las firmas especializadas en derecho comercial que operan en territorio estadounidense. Para países de la región, el gasto proyectado para litigar los casos oscila en millones de dólares por sector involucrado.
Por su parte, Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli, dijo que el cumplimiento de las obligaciones laborales en México ha encontrado el instrumento más efectivo no en la madurez de sus instituciones, sino en el peso de los aranceles y las amenazas comerciales de Estados Unidos.
A través de mecanismos como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC y las recientes investigaciones sobre trabajo forzoso bajo la Sección 301, el gobierno estadounidense mantiene una observación agresiva y asimétrica sobre el mercado mexicano, una realidad que contrasta con la tolerancia hacia otros socios comerciales y que vuelve a poner la lupa sobre la brecha entre la economía formal e informal del país
Esta vigilancia se caracteriza por su asimetría, pues mientras que a las plantas e industrias establecidas en territorio mexicano se les somete a regulaciones en materia de libertad sindical y certificaciones agrícolas, la industria estadounidense mantiene importaciones de mercados asiáticos o de la industria textil global con mínimas restricciones, aun cuando existen alertas por componentes o estándares laborales bajos.
Estar en la formalidad en México se percibe como una carga, debido a que las exigencias comerciales impactan a las empresas que cumplen con impuestos y prestaciones, mientras que la informalidad opera como un espacio donde las reglas de juego internacionales no logran permear.