Estados Unidos informó la imposición de nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares, en respuesta a la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena del pueblo miskito y exparlamentario.
La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado oficial y publicaciones en la red social X.
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“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, señaló Rubio en el comunicado difundido por el Departamento de Estado.
Rivera falleció a los 73 años en un hospital de Managua. Había permanecido detenido durante aproximadamente tres años, periodo en el que su estado de salud se deterioró, según reconocieron las autoridades nicaragüenses. El dirigente fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 en su vivienda en Bilwi, en la región Caribe de Nicaragua.
https://x.com/SecRubio/status/2063985650211107306?ref_src=twsrc%5Etfw
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Rubio indicó que las nuevas medidas se suman a acciones previas adoptadas por Washington contra integrantes del aparato estatal nicaragüense.
“Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses que continúan ejecutando la agenda maligna de Murillo y Ortega”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en X.
De acuerdo con el comunicado oficial, el total de funcionarios nicaragüenses y familiares afectados por restricciones migratorias estadounidenses supera ahora las 2.350 personas.
“Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares debido a su complicidad con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, destacó Rubio.
El funcionario estadounidense también afirmó que Washington mantiene su respaldo a la población nicaragüense. “Estados Unidos respalda al pueblo nicaragüense, que al igual que Rivera aspira a ver una Nicaragua libre”, expresó.
El Departamento de Estado incluyó referencias aLumberto Campbell Hooker, funcionario que ya había sido sancionado previamente por Estados Unidos.
Según Rubio, Campbell Hooker estuvo “directamente involucrado en la negación de atención médica” a Rivera e “impidió que su familia sepultara sus restos”.
Además de las medidas anunciadas por Washington,la muerte del líder indígena provocó reacciones de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación sobre el caso, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su rechazo por lo ocurrido.
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