Debemos de poner mucha más atención en México a los resultados de las próximas elecciones de noviembre en California ya que no está solo en juego la sucesión del gobernador demócrata Gavin Newsom, sino también el rumbo de la cuarta economía del mundo, del principal socio comercial de México dentro de la Unión Americana y del territorio que concentra a la mayor diáspora mexicana.
Si Xavier Becerra, el aspirante del partido demócrata llegara a la gubernatura, su triunfo tendría además un peso simbólico importante: no solo sería el primer latino en ser gobernador de California desde 1875, sino que sería la culminación de un ciclo político que comenzó hace más de tres décadas, cuando la reacción contra los migrantes mexicanos se convirtió en instrumento de movilización electoral en California.
La Proposición 187, impulsada en 1994 por el entonces gobernador republicano Pete Wilson, se convirtió en emblema político de aquella época ya que buscaba negar servicios públicos a inmigrantes indocumentados dejando una huella profunda en la historia de la comunidad Mexico-Americana. Pero su legado más duradero no fue la exclusión que pretendía institucionalizar, sino el efecto inverso: activó la movilización cívica y electoral de millones de mexico-americanos decididos a participar, representar y transformar sus comunidades.
La trayectoria de Becerra resume buena parte de la historia contemporánea de la migración mexicana en Estados Unidos: Hijo de inmigrantes, fue el primero de su familia en graduarse de la universidad; estudió en la prestigiosa Universidad de Stanford, pasó más de dos décadas en el Congreso, fue fiscal general de California y después secretario de Salud en el gabinete del presidente Joe Biden. Su eventual llegada al gobierno estatal tendría, por ello, un peso que rebasa lo electoral.
Para México, sin embargo, lo decisivo no es solo su currículum, sino su experiencia íntima de la frontera. Haber crecido cruzando a Tijuana para visitar a su abuela paterna le da una sensibilidad poco común entre las élites políticas de Sacramento y Washington DC, frente a una realidad compartida de la relación binacional que con demasiada frecuencia se simplifica o se ignora.
La integración derivada del T-MEC ha convertido a México en un socio indispensable para la prosperidad californiana. Las cadenas de suministro, el ir y venir de la mano de obra calificada, la manufactura avanzada, la agricultura y el comercio fronterizo dependen cada vez más de una relación pensada estratégicamente desde ambos lados de la frontera.
Aun así, California ha orientado históricamente buena parte de su proyección y atención internacional hacia la región Asia-Pacífico. Una administración encabezada por Becerra podría equilibrar esa mirada y construir con México una agenda más ambiciosa de cooperación binacional en infraestructura fronteriza, manejo del agua del río Colorado, transición energética e impulso a la educación superior y a la innovación tecnológica.
Desde la perspectiva mexicana, el reto consiste en asumir que la relación bilateral ya no puede leerse únicamente desde Washington. Las decisiones que se toman en Sacramento inciden de manera directa en millones de personas, en miles de empresas con cadenas de valor transfronterizas y en el porvenir de la región fronteriza más dinámica de Norteamérica.
Por eso, más allá de filias partidistas o cálculos electorales, México y sus diferentes sectores industriales y el sector público, haría bien en seguir con atención lo que ocurra en California. No por romanticismo identitario, sino por interés nacional.
Lo que está en juego no es solo la ocupación de una oficina en Sacramento. Lo que empieza a dibujarse es la posibilidad de una nueva etapa en la relación entre México y el estado más influyente de la Unión Americana: una etapa menos reactiva, más estratégica y, sobre todo, más consciente de una interdependencia que ya no admite frivolidades, sino una visión de mediano plazo que entienda que California y México tienen un destino común.
*El autor es CEO, The Border Group.