Quito, 15 jun (EFE).- Delegados de la comunidad indígena Sarayaku informarán el próximo jueves, en una audiencia de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el incumplimiento del Estado ecuatoriano a la sentencia que reconoció -entre otros- el derecho de la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios frente a proyectos de inversión y extractivos en sus territorios.
Daniel Santi, presidente de Sarayacu, recordó este lunes en una rueda de prensa que en 1996 el Estado "concesionó un bloque petrolero en territorio de Sarayaku y toda esta concesión ha tenido violaciones de derechos, más que todo, la consulta previa libre e informada".
Luego de agotar las instancias nacionales, Sarayaku presentó una demanda ante la Corte IDH y tras más de una década de litigio, en 2012, logró una sentencia a favor del pueblo quichua de Sarayaku.
"Han pasado ya 14 años y el Estado no ha tenido la plena voluntad de cumplir al 100 % la sentencia de la Corte Interamericana", dijo al anotar que están listos para presentar sus alegados en la audiencia de supervisión que tendrá lugar en San José (Costa Rica).
Betsy Santi, lidereza del pueblo de Sarayacu, anotó que en 2024 la Corte Constitucional de Ecuador reconoció "la violación de los derechos del pueblo Sarayaku de parte del Estado ecuatoriano, pero hasta aquí no ha cumplido lo que ha sentenciado" la Corte Interamericana.
Señaló que en territorio Sarayaku se han dejado enterrados "más de media tonelada de explosivos", pidió que se cumpla al sentencia y que "no haya más expansión petrolera dentro del territorio de los pueblos y nacionalidades" indígenas.
De su lado, Luis Canelos, presidente de la nacionalidad quichua de la provincia amazónica de Pastaza, de la que forma parte Sarayaku, subrayó que al otorgar permisos a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación en territorio ancestral de Sarayaku, se puso "en riesgo la vida e integridad de la nacionalidad quichua".
Anotó que la sentencia señala garantizar la reparación integral de los daños causados "y asegurar que ninguna actividad extractiva pueda imponerse sin nuestro consentimiento".
"Al día de hoy vemos cómo el Estado ecuatoriano continúa manteniendo estas prácticas, incumpliendo la decisión internacional en el caso Sarayaku mientras acelera una nueva expansión de frontera extractiva mediante las rondas petroleras Sur-oriente y Sub-andina, y la apertura del catastro minero, decisiones tomadas sin transparencia y, sobre todo, sin nuestro consentimiento", violando la Constitución, dijo.
Mario Melo, abogado del caso Sarayacu, apuntó que la sentencia de 2012 es "muy importante para los pueblos indígenas de las Américas", y determinó la obligación del Estado ecuatoriano de retirar "1.460 kilogramos de pentolita, es decir más de una tonelada y media que fue sembrada en 461 puntos dentro del territorio" de Sarayaku.
"Estamos conscientes de que la Corte Interamericana es uno de los últimos espacios que le queda a la democracia para poder ser la voz de las víctimas, cuyos derechos han sido violentados, a fin de que el Estado asuma su responsabilidad de cumplir con la sentencia", comentó.
El letrado expresó su esperanza de que el Estado comparezca, "que rinda cuentas ante la Corte Interamericana, que diga por qué no ha cumplido esa sentencia y que enmiende su actitud, y se ponga en una línea de cumplir con sus compromisos internacionales".
(c) Agencia EFE