Los requerimientos a las compañías para la transparencia de su desempeño no deben ser leídos sólo en términos de cumplimiento normativo y/o de respuesta a determinados grupos de interés, sino también como aceleradores de la evolución de su gestión y la integración de consideraciones sobre los impactos, riesgos y oportunidades asociados con sostenibilidad. De esta manera, se refuerza la competitividad de las empresas, sus modelos de negocio, procesos y productos, y la gobernanza.
En un contexto global donde Europa ha ido marcando el paso, México lideró la agenda regional, con foco inicialmente en la información asociada a cambio climático, particularmente con la obligatoriedad de informar de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde 2015 (con el establecimiento del Registro Nacional, RENE, que ya marcaba la pionera Ley General de Cambio Climático de 2012).
La visión más holística de las diferentes temáticas ambientales, sociales y de gobernanza, fue avanzando dentro de la voluntariedad. Los inversionistas institucionales han sido especialmente activos en solicitar información a las emisoras, con un punto de inflexión en 2020, cuando 41 de ellos (que administraban una cartera equivalente al 25.5% del PIB Nacional) empujaron que además fuera estandarizada, con el uso de las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y los estándares del Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Esto resultó disruptor. ¿Las razones? La demanda venía de los proveedores de capital y reflejaba la importancia creciente que ya tenía para ellos conocer mejor los riesgos y oportunidades que los factores ASG suponían y, especialmente la posible incidencia y respuesta ante el cambio climático. También mostraba la falta de información, en un contexto principalmente voluntario, en el que las empresas estaban enfocadas, en el mejor de los casos, en reportar sus impactos (utilizando preferentemente los estándares de Global Reporting Initiative, GRI). En México pasaba a afrontarse una tesitura que era global, la desconexión con el mercado financiero.
Esa brecha arrojaba una oportunidad, una reflexión profunda al interior de las compañías sobre el enfoque estratégico de la sostenibilidad, sobre su rol central en la competitividad de las empresas y no un complemento a la misma. Con ella la necesidad de un trabajo más articulado al interior de las mismas, desde consideraciones financieras, con una gobernanza al más alto nivel, marcada desde los Consejos de Administración y la Alta Gerencia.
Era una preparación a lo que estaba por venir, acelerado por la mayor incidencia de los riesgos asociados a aspectos ambientales y sociales, como la severidad del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la incidencia de la inequidad y la conflictividad asociada, entre otros. Un momento en que los estados financieros ya no reflejan a cabalidad la situación de las empresas y en que la inquietud de sus usuarios genera un campo de cultivo para diferentes iniciativas que no hacen sino complicar el día a día de las empresas. En ese contexto es que la IFRS Foundation, al igual que hizo con la información contable, toma el liderazgo para desarrollar normas que atiendan la información sobre riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad, a través del International Sustainability Standards Board (ISSB) y con el lanzamiento de las dos primeras S1 y S2 en 2023. Los supervisores han encontrado con ello la oportunidad de poder promover normativas con base técnica, aceptadas en términos generales desde el mercado financiero, con las que poner orden y facilitar la toma de decisiones.
Se ha abierto entonces un proceso global de adopción, que ha llevado a que a finales de 2025 ya sean 39 las jurisdicciones a nivel global que ya las han adoptado o tienen fijado adoptarlas, representando el 60% del PIB mundial. En América Latina ya son 9 los países, con México a la cabeza, que no llegó primero (había antecedentes normativos de Chile, Colombia y Perú) pero sí fijó la primera línea de meta: el reporte del desempeño 2025. Esto ha hecho que los emisores de valores, a quienes aplica la modificación de la CUE de la CNBV, hayan acelerado el paso y hoy sean referentes para entidades en otros países que buscan en sus reportes e información pública respuestas a cómo adoptar las normas y cuáles son las mejores prácticas.
Para quienes pensaron que esto suponía una carga para sus operaciones, que les restaban competitividad y les exponía, una reflexión importante. El foco en la gestión de los riesgos oportunidades significativos financieramente constituye una oportunidad de fortalecer la información y procesos de que ya disponían, que les han permitido llegar al presente, para seguir siendo fuertes en el medio plazo, ante un entorno de poli riesgos e incertidumbre. Asimismo, ser más atractivos para los inversionistas y fondeadores internacionales, en la competencia global por los recursos, con mejores notas en las evaluaciones de las calificadoras. Por tanto, no resta, suma, con un efecto que es además multiplicador. Construir sobre la base disponible, atendiendo las brechas, transformándolas en oportunidades de gestión operativa, de inversión, de innovación en los modelos de negocio y portafolio, con activo involucramiento de los líderes, hacen la diferencia en los siguientes pasos.
*Pablo del Arco Fernández, Socio Director E. América; Valora Consultores.