En declaraciones entregadas al tribunal de Alberta, Jason Bednar, Chief Financial Officer de Canacol, indicó que la compañía no tiene la liquidez para seguir operando más allá del 10 de julio de este año.
De hecho, está programada una audiencia en la que se definiría si se extiende la protección temporal que blinda a la organización de sus acreedores dentro del proceso de reorganización que actualmente se lleva a cabo.
Hay que mencionar que la protección temporal concedida por el tribunal, inicialmente, se concedió hasta el 27 de junio. La suerte de Canacol interesa especialmente porque es el mayor productor privado de gas en Colombia.
Con base en los datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energías y Tecnologías Afines, Acipet, en 2025 tuvo una participación de 10,5% en la producción total del fluido.
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El representante y líder ante el tribunal de Alberta, mencionó que están explorando tres posibles caminos. El primero, consiste en renegociar los contratos firmados con Promigas, cuyos costos operativos son difíciles de asumir actualmente.
El segundo, continuar con el Sisp (Proceso de búsqueda de compradores e inversionistas), mientras que, paralelamente, busca alternativas con los prestamistas DIP (préstamo especial que recibe una empresa mientras está en un proceso de reorganización bajo protección judicial).
Y el tercero, contempla desarrollar un plan de liquidación en caso de no concretar ninguna oferta.
Bednar advirtió que, sin completar una transacción vía Sisp o sin más financiamiento DIP, Canacol no tendrá liquidez para continuar el negocio más allá del próximo 10 de julio.
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Frente al proceso de enajenación, Canacol contrató a Moelis & Company como asesor de venta. Hubo interés calificado como “robusto” por sus activos en la Fase 1.
Luego, la Fase 2 (ofertas vinculantes) se extendió varias veces, hasta el 4 de mayo de 2026, y la decisión sobre un comprador definitivo seguía pendiente al 11 de junio de 2026.
Bednar explicó que los postores de la Fase 2 identificaron los términos actuales de los contratos de oferta, los acuerdos con Promigas, y el contrato con Canaven, como el principal impedimento para cerrar una transacción viable.
Por eso Canacol pidió a la corte autorización para rescindir esos contratos.
Los acuerdos con Promigas se firmaron cuando Canacol estaba expandiendo agresivamente su producción y necesitaba capacidad garantizada para mover gas desde Jobo hacia Cartagena, Barranquilla y otros mercados de la Costa Caribe.
Por esa razón, Promigas hizo inversiones para ampliar la infraestructura de transporte.
Canacol contrató una determinada capacidad de transporte en los gasoductos de Promigas y se comprometió a pagarla la use o no la use.
Por eso los documentos judiciales dicen que son contratos de transporte en firme de largo plazo con cargos fijos mensuales. Según los affidavits de Jason Bednar, la producción actual de Canacol no alcanza para aprovechar toda la capacidad contratada.
La capacidad de Canacol para producir volúmenes consistentes de gas natural en campos específicos declinó naturalmente con el tiempo a medida que se agotan las reservas. Los esfuerzos exploratorios recientes fracasaron en establecer reservas comercialmente recuperables, mientras los costos fijos operativos aumentaron.
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