San José, 18 jun (EFE).- Representantes del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku denunciaron este jueves los incumplimientos del Estado de Ecuador a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga a la consulta a pueblos originarios frente a proyectos extractivos y además pidieron mayor protección para su territorio.
El presidente de la comunidad amazónica ecuatoriana de Sarayaku, Daniel Santi, dijo a EFE que tras 14 años de emitida la sentencia el pueblo sigue afectado y desconfía del Estado, por lo que expusieron en una audiencia privada ante la CorteIDH, con sede en Costa Rica, la urgencia de que la sentencia se cumpla y que se reconozca al territorio como objeto de derechos.
"Pedimos al Estado que cumpla esta sentencia porque no queremos seguir en zozobra, en sufrimiento, en problemas. Pedimos que establezcamos una planificación seria y profunda para el cumplimiento de la sentencia. Esto demostraría el respeto absoluto al Estado plurinacional que es el Ecuador y el respeto a los pueblos", declaró Santi.
El líder de Sarayaku explicó que una de las peticiones es que se amplíe la protección del pueblo por medio de un reconocimiento al territorio como un ser vivo sujeto de derecho, lo que sería un "un logro fundamental en la reivindicación del derecho al territorio y a la naturaleza".
Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, explicó a EFE que el Estado ha incumplido puntos esenciales de la sentencia de la CorteIDH como aprobar una ley de consulta previa, libre e informado para los pueblos indígenas; consultar al pueblo Sarayaku acerca de proyectos, decisiones o actividades que afecten sus territorios.
Otra orden incumplida es limpiar el territorio de Sarayaku del explosivo pentolita, que fue abandonado y enterrado hace más de 20 años como parte de los trabajos de exploración petrolera en la amazonía. En la zona habría cerca de una tonelada y media de este material ya sea enterrado o en superficie.
La comunidad indígena planteó la creación de una zona de alto riesgo y restauración natural en 25.000 hectáreas, donde estaría prohibido el ingreso a cualquier persona, incluso para retirar los explosivos que permanecerían enterrados ante los daños ambientales que se generarían tras 14 años de regeneración del bosque.
A cambio de renunciar al uso de ese terreno, el pueblo indígena planteó que el Estado ecuatoriano declare al territorio Sarayaku como un ser viviente sujeto de derechos.
La sentencia por este caso data de 2012 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios indígenas amazónicos Sarayaku sin consultar con las comunidades nativas, que se oponían al proyecto.
(c) Agencia EFE