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El mismo día (28 de octubre) en que la plenaria de la Cámara de Representantes terminaba de corregir los vicios de trámite de la reforma pensional, el Centro Democrático llegó al Congreso con otro proyecto para cambiar el sistema pensional.
La iniciativa apunta a los artículos de la Ley 2381 de 2024 que todavía no han entrado en vigencia, sería el 1 de abril del 2027. Y su eje se se mueve en una pregunta que toca el bolsillo de millones de trabajadores: ¿quién administra la plata de la pensión?
Hoy la ley responde con Colpensiones, para todo lo que se cotice hasta 2,3 salarios mínimos. El partido quiere que esa decisión la tome cada afiliado.
El texto tiene 17 artículos, 14 con modificaciones, dos derogatorios y uno de vigencia. "Con esto lo que nosotros estamos haciendo es construir sobre lo construido y buscando identificar aquellos elementos donde consideramos que la reforma del expresidente Petro fue inconveniente", explicó el senador Andrés Forero.
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Es un proyecto de ley que modifica la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Lo presentaron los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta, Zandra Bernal y Juan Felipe Corzo.
Recuerdan que es una propuesta que apenas empieza su camino legislativo y que conserva el sistema de cuatro pilares creado por la Ley 2381.
Forero, de hecho, prefiere no llamarla contrarreforma. "No hablo de contrarreforma. (...) Lo que buscamos es corregir los problemas y las dificultades que dejó la reforma, manteniendo las cosas que sean positivas", afirmó.
El partido sostiene que su objetivo es "corregir los desequilibrios financieros y las restricciones" que, según su lectura, introdujo el nuevo sistema.
Sus cuentas son estas: la reforma habría aumentado el déficit en $470 billones y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo se agotaría en 2070. Además, señala que solo uno de cada cuatro ocupados logra cumplir los requisitos para pensionarse.
Zuleta advierte que el sistema ya necesita recursos del presupuesto nacional para cubrir sus obligaciones. Su argumento es que, al principio, Colpensiones recibiría más cotizaciones, pero con los años llegarían las presiones fiscales. Según sus estimaciones, la deuda pensional podría duplicarse con el nuevo modelo.
Forero agrega que la reforma le dio más protagonismo al régimen público justo cuando el país enfrenta cambios demográficos que presionan la financiación de las pensiones.
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Este es el abecé de lo que propone y de lo que cambiaría si el Congreso lo aprueba.
Hoy, todo aporte hasta ese tope va obligatoriamente a Colpensiones, y solo lo que supere ese monto puede ir a un fondo privado. El proyecto elimina esa obligación, cada afiliado decidiría si esa primera parte la maneja el régimen público o una administradora privada.
"Queremos devolverles la libertad de elección a los colombianos para que puedan decidir si quieren ahorrar para su vejez en un fondo de pensiones, con cuentas individuales, o si prefieren hacerlo en el régimen público de reparto o prima media, que maneja Colpensiones", explicó Zuleta.
Quien escoja un fondo privado financiaría su pensión con lo que ahorre en su cuenta individual y sus rendimientos. Si al final la plata no alcanza para una pensión mínima, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima pondría la diferencia.
Tendrían seis meses para escoger el fondo que manejaría el excedente de sus aportes. Si no lo hacen, se les asignaría uno al azar.
El paso entre Colpensiones y un fondo privado sería posible cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría. Entre fondos privados, el cambio podría hacerse cada seis meses.
No. La cotización seguiría en 16% del ingreso base: el empleador pone el 75% y el trabajador, el 25%. Lo que cambiaría es cómo se reparte ese dinero, según el componente que elija cada afiliado.
Este es el segundo gran frente del proyecto, las personas que llegan a la edad de pensión sin las semanas exigidas.
Con la Ley 100 de 1993, esos trabajadores podían pedir la devolución de saldos con rendimientos, en un fondo privado, o la indemnización sustitutiva, en Colpensiones.
La Ley 2381 cambió las reglas para quienes quedan en el pilar semicontributivo, en vez de recuperar sus recursos, reciben una renta mensual, pero deben esperar hasta los 60 años, si son mujeres, y hasta los 65, si son hombres.
"La Ley 2381 les limitó las alternativas a las personas que no alcanzan las semanas suficientes. Les quitó la posibilidad de recuperar sus aportes y estableció una mensualidad que, además, solo pueden recibir tres años después. Nosotros queremos devolverles la libertad de elección", afirmó Forero.
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La espera desaparecería. Desde los 57 años, las mujeres, y los 62, los hombres, podrían escoger entre tres caminos:
1. Devolución total del saldo, con sus rendimientos.
2. Indemnización sustitutiva, cuando corresponda.
3. Mensualidad vitalicia, es decir, una renta de por vida.
Antes de llegar a esas alternativas se revisarían otras vías para alcanzar la pensión, como las semanas reconocidas por hijos, la pensión familiar, el sistema actuarial de equivalencias y la garantía de pensión mínima.
Se calcularía con el ahorro invertido y con las reglas de ajuste de los aportes hechos a Colpensiones. Tendría un piso, la renta básica solidaria, y un techo, el 80% de un salario mínimo.
Zuleta defiende que la gente pueda decidir porque, según sus estimaciones, las mesadas del pilar semicontributivo podrían quedar por debajo de $500.000.
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No. Se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
Para los hombres, nada: siguen siendo 1.300. Para las mujeres habría una reducción gradual de 15 semanas por año, desde 1.135 en 2026 hasta 1.000 en 2035.
El partido apunta a quienes cotizan entre uno y dos salarios mínimos. Según Forero, con las reglas anteriores ese grupo lograba una pensión mínima con 1.150 semanas, mientras que la reforma les exige 1.300.
"Son casi tres años de diferencia. Queremos corregir lo que consideramos un perjuicio para las personas de menores ingresos que están aportando al sistema de pensiones", dijo el senador.
El proyecto conserva la garantía de pensión mínima para quienes cumplan edad y semanas pero no tengan el capital suficiente, y mantiene el pago de 13 mesadas al año.
También contempla un sistema actuarial de equivalencias para convertir ahorro en las semanas que falten. El Gobierno tendría seis meses para reglamentarlo.
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Sí, en los fondos privados. Un afiliado podría pensionarse a cualquier edad si su capital alcanza para financiar el 110% de una pensión mínima.
El proyecto establece que las cuentas individuales serían un patrimonio autónomo de cada afiliado, separado de los recursos de las administradoras. En la práctica, el dinero que hoy está en fondos privados se quedaría allí hasta la pensión, con el Estado como garante.
Los fondos tendrían que invertir buscando la mesada más alta posible y con menos riesgo a medida que el afiliado se acerque al retiro.
La propuesta abre tres alternativas:
-Una anualidad vitalicia a través de una mutualidad de riesgos.
-Un complemento pensional financiero temporal y heredable.
-Una renta vitalicia contratada con una aseguradora.
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La comisión de administración tendría un máximo de 0,6% anual sobre los activos de las cuentas individuales. La prima del seguro previsional no podría pasar del 3% del ingreso base de cotización.
Tendría que contratar el seguro de invalidez y sobrevivencia, en lugar de asumir esos riesgos directamente. También debería enviar extractos al menos cada tres meses y habilitar trámites en línea.
Las administradoras tendrían plazos máximos de 4 meses para reconocer una pensión de vejez. De 60 días para incluir al pensionado en la nómina. Y de 2 meses para las pensiones de invalidez y sobrevivientes. El texto agrega que el derecho a la pensión no prescribe.
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Cada garantía financiada con recursos del Estado tendría que precisar qué riesgos cubre, quién responde, de dónde salen los recursos y hasta dónde llega. Cuando se comprometa dinero público, se exigiría autorización legal expresa y un estudio actuarial.
Los congresistas del Centro Democrático insisten en que el sistema de pilares sigue en pie. El pilar solidario, a cargo del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, continuaría "sin afectar los actuales beneficiarios del programa Colombia Mayor".
Forero dijo que su partido respalda ese componente, aunque considera que su financiación no debe comprometer los recursos de las pensiones futuras. "Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir", afirmó.
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