Luego de que una corte canadiense autorizara a Canacol Energy terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración financiera, Gases del Caribe aseguró que dichos acuerdos continúan vigentes en Colombia y que cualquier decisión sobre su eventual terminación deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades.
La compañía informó que el pasado 24 de junio laCorte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S. y otras empresas vinculadas a dar por terminados varios contratos de suministro de gas natural, dentro del proceso de insolvencia transfronteriza que adelanta la compañía bajo la legislación canadiense.
Entre los contratos incluidos en la autorización judicial se encuentran dos acuerdos suscritos entre Gases del Caribe y empresas del grupo Canacol para el suministro de gas natural.
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De acuerdo con Gases del Caribe, la decisión adoptada por la Corte de Alberta busca facilitar el proceso de reestructuración financiera de Canacol y no implica una terminación automática de los contratos en territorio colombiano.
La empresa precisó que la autorización judicial deberá incorporarse mediante una orden formal bajo la legislación canadiense y, posteriormente, ser sometida al reconocimiento de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
“La anterior decisión no es de aplicación inmediata”, señaló la compañía, al explicar que la autoridad colombiana deberá evaluar la procedencia y los efectos de la medida dentro del proceso de insolvencia transfronteriza, conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006.
En ese análisis, la SuperSociedades deberá verificar que la eventual aplicación de la decisión extranjera no vulnere el orden público económico colombiano ni afecte la protección de los acreedores y el interés general.
“En consecuencia, a la fecha, los contratos se encuentran vigentes”, enfatizó Gases del Caribe.
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La decisión judicial ocurre en medio del proceso de reorganización financiera que Canacol inició en 2025 y que busca reestructurar parte de sus obligaciones y operaciones.
La situación ha generado preocupación entre grandes consumidores industriales de gas.
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Cerro Matoso, por ejemplo, advirtió que una eventual suspensión de los contratos podría comprometer la continuidad de sus operaciones, poner en riesgo cerca de 2.000 empleos y generar pérdidas de hasta $730.000 millones por cada horno afectado.
La relevancia del caso también radica en el peso de Canacol dentro del mercado energético colombiano. La compañía concentra aproximadamente el 8% de la producción nacional de gas natural, por lo que cualquier modificación en sus compromisos comerciales podría tener repercusiones sobre el abastecimiento, la actividad industrial y los usuarios finales del país.
Ahora, la atención del sector energético está puesta en la decisión que adopte la Superintendencia de Sociedades, entidad que tendrá la última palabra sobre si la autorización emitida por la justicia canadiense puede producir efectos jurídicos en Colombia.
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