En 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico: determinó que es inconstitucional condicionar el derecho a una pensión por viudez con base en las preferencias sexuales y el sexo de las personas.
Con esta resolución, la SCJN estableció que las autoridades competentes están obligadas a reconocer el vínculo generado entre cónyuges o concubinos del mismo sexo. Por lo tanto, deben otorgar las prestaciones correspondientes sin que la orientación sexual sea un motivo de rechazo.
A tres años de esta decisión, cabe preguntarse: ¿qué tanto hemos avanzado en México y qué han hecho otros países para proteger los derechos de seguridad social de la comunidad LGBTQ+?
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, el acceso pleno a la seguridad social para esta comunidad enfrenta retos complejos que se dividen en tres esferas:
Históricamente, los miembros de la comunidad LGBTQ+ han sido excluidos de los beneficios de seguridad social conferidos tradicionalmente a parejas heterosexuales. Esta exclusión no solo se debe a marcos legales obsoletos, sino también a sistemas de salud discriminatorios y a un fenómeno de "autoexclusión" derivado de la estigmatización, la discriminación y la violencia (física, verbal o psicológica) que aún enfrentan al realizar trámites públicos.
El acceso a las pensiones de viudez ha estado condicionado a menudo a figuras como el matrimonio igualitario o la unión civil formalmente reconocida. Sin estos marcos legales locales homogéneos, las parejas del mismo sexo quedan desprotegidas ante el fallecimiento de uno de sus miembros. Aunque tribunales internacionales (como la CIDH) y la propia SCJN han emitido resoluciones a favor de la igualdad, el reto persiste en materializar estos avances en leyes locales inclusivas y acciones afirmativas.
Este es uno de los problemas más complejos desde la perspectiva de las finanzas públicas. El otorgamiento de pensiones a parejas del mismo sexo no se contempló originalmente en los presupuestos nacionales ni en los cálculos actuariales de las aseguradoras.
La ampliación de esta cobertura ocurre en un contexto desafiante: envejecimiento poblacional, baja capacidad de ahorro general y una base de contribuyentes reducida. Incrementar el universo de beneficiarios sin medidas financieras que aseguren la sostenibilidad a largo plazo puede generar presiones de liquidez para los gobiernos o las administradoras de pensiones (afores).
Existen ejemplos internacionales donde se han implementado soluciones jurídicas y administrativas para garantizar las pensiones de viudez para la comunidad LGBTQ+, tanto a través de legislaciones nacionales como por resoluciones de tribunales:
Argentina: En 2002, Buenos Aires aprobó la Ley de Unión Civil para permitir a parejas del mismo sexo recibir pensiones. En 2008, la Resolución 671 y un fallo de la Suprema Corte confirmaron el derecho a la pensión por viudez, incluyendo el pago retroactivo.
Colombia: A raíz del caso Duque vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó en 2016 que el Estado violó el derecho a la igualdad y le ordenó garantizar el trámite prioritario de las pensiones de sobrevivencia para parejas del mismo sexo.
Uruguay: La Ley de Unión Concubinaria (2007) reconoce jurídicamente estas uniones e incorpora a los concubinos como beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, tras acreditar cinco años de convivencia.
Brasil: En 2010 se emitió una ordenanza que reconoce el derecho de pensión para sobrevivientes del mismo sexo, y en 2011 el Tribunal Federal garantizó la igualdad total de derechos de seguridad social.
Alemania: Desde 2001 permite la figura de pareja de forma equivalente al matrimonio. En 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó que se deben garantizar las mismas ventajas de pensión de viudez que a un matrimonio heterosexual.
Francia: Utiliza el Pacto Civil de Solidaridad (PACS) desde 1999, el cual otorga certeza jurídica a las parejas homosexuales y reconoce el derecho a la pensión por viudez.
Para que la pensión por viudez LGBTQ+ sea viable a largo plazo, el estudio del Senado destaca modelos globales de financiamiento que, si bien aplican a la población general, resuelven el desafío de la equidad y la gestión de recursos de manera individualizada:
Bélgica: Implementó un sistema de puntos en 2025 que permite separar y calcular las pensiones de forma individual, según lo acumulado por cada trabajador en su vida laboral.
Suecia: Utiliza un sistema de cuentas nocionales individuales y cuentas de capitalización. La pensión se basa estrictamente en las aportaciones totales del trabajador, lo que facilita una gestión transparente y justa de los recursos ante cualquier tipo de estructura familiar.
Australia y Suiza: Aplican modelos mixtos (o de tres pilares) con aportaciones del trabajador, empleadores y el Estado, buscando asegurar un nivel básico universal combinado con la rentabilidad basada en el ahorro previo.
El fallo de la SCJN fue el primer paso hacia la justicia social; sin embargo, el verdadero camino actual está en las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE y en la reingeniería presupuestal para que el derecho a proteger el futuro financiero de la pareja sea una realidad accesible y sostenible para todos.
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