La confrontación entre dos maneras de entender el derecho penal, tienen severamente comprometida la soberanía de nuestro país. Veamos lo que nadie quiere decir, mucho menos el gobierno, la presidente, su partido y todos los demás, incluida la fiscalía general de la república o la suprema corte. Tan es así, que supuestamente gobernadores ya están cooperando con EUA, en materia de lucha contra el narco.
Digamos lo primero: El derecho penal (y para efectos prácticos todos los procesos jurisdiccionales) en EUA, tienen por objetivo resolver el conflicto que se genera cuando alguien rompe o transgrede la ley. En México, en cambio, lo que la autoridad debe buscar es la verdad o lo que se pueda construir de ella a lo largo de un proceso.
En EUA, la resolución del conflicto se apoya en dos herramientas: el perjurio y la negociación. Esas herramientas son fundamentales, tanto entre particulares involucrados como entre particular (es) y el estado. El perjurio, es decir, mentir en un juicio o investigación, es tan grave o más que el delito mismo. Si alguien miente en lo que declara en un juicio o investigación se va a la cárcel sin mediar procedimiento alguno. La mentira está severamente penada. Por ello, lo que de entrada está dicho por las partes, testigos (protegidos o no) y victimas se considera válido y probatorio o como prueba irrefutable, hasta que se demuestre que es mentira.
La segunda, es la negociación, es decir, que el arreglo entre la autoridad y el que comete una falta, como entre los particulares, es fundamental. Los involucrados, entonces, están dispuestos a dar, recibir o negociar cosas, tiempos de cárcel, dinero o protección del estado mismo, en medio del proceso para que todo el mundo quede lo más satisfecho posible.
Cuando la presidente pide pruebas, las pide al estilo mexicano, es decir “denme pruebas” de la verdad material, de la culpabilidad de Rocha Moya, por ejemplo. En EUA, Rocha Moya es culpable, porque hay un número suficiente de testigos, actores o participantes, que lo señalan como involucrado con el crimen organizado y las investigaciones y pruebas con las que cuenta el fiscal que lo está acusando no sólo parecen suficientes, sino que un “gran jurado”, es decir un tribunal especialmente constituido para ello, lo encontró culpable. Pedir en medio de eso pruebas y acogerse a la soberanía, es no entender el problema o acogerse a una estrategia lamentable.
Lamentable, en primer lugar, porque hay una serie de acuerdos legales firmados con EUA que nos obligan, pero lo más importante es que las instituciones mexicanas carecen de credibilidad.
Todo lo dicho hasta aquí, es suficiente para estar preocupados, pero según se ha reportado, por lo menos 3 gobernadores están cooperando o negociando con las autoridades norteamericanas para arreglar su propio involucramiento con el crimen organizado. Si las propias autoridades estatales electas y además morenistas prefieren la negociación con la autoridad de nuestro vecino del norte, ¿qué soberanía puede quedar? La de un discurso cómplice, encubridor y que busca la impunidad que es el verdadero pegamento de la 4t. Nada más, pero nada menos, también.