Un grupo de cinco ciudadanos venezolanos denunció al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de seis de sus familiares ocurridas entre 2017 y 2021, de acuerdo con la denuncia presentada este martes en una corte federal del Distrito Este de Nueva York.
El documento se da a conocer cuando están por cumplirse seis meses del operativo militar del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó en Caracas a Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza. Maduro se declaró no culpable y permanece detenido en Nueva York, donde está a la espera de su siguiente audiencia judicial.
La denuncia alega que las ejecuciones presuntamente fueron realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que estaba bajo el mando de Maduro.
De acuerdo con el documento —que no revela los nombres de los denunciantes ni de sus familiares—, cinco de las víctimas eran hombres jóvenes y la sexta era un adolescente, quienes presuntamente fueron asesinados por integrantes de las FAES cuando se encontraban en sus casas o cerca de ellas.
Agrega que las FAES fueron creadas por Maduro en 2017 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero Maduro las usó “como un instrumento político y un mecanismo de control social para suprimir violentamente el disenso, aterrorizar a vecindarios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política”.
“De hecho, las FAES son ampliamente consideradas un ‘escuadrón de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’”, señala.
Si bien la denuncia se centra en seis casos —por los cuales los denunciantes buscan una compensación—, también dice que las FAES presuntamente fueron responsables de al menos 1.300 muertes entre 2017 y 2020, aunque algunas organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra podría ser aún mayor.
CNN contactó a los abogados de Maduro en Estados Unidos para pedir comentarios y está en espera de respuesta.
No es la primera vez que Maduro es objeto de señalamientos por ejecuciones extrajudiciales y otros presuntos abusos a los derechos humanos durante su mandato en Venezuela, que comenzó en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas creó una Misión internacional independiente para investigar y evaluar posibles violaciones en la materia en Venezuela desde 2014.
Las conclusiones que la Misión publicó en diciembre de 2025 dicen que “existen motivos razonables para creer que el Presidente, los ministros del Interior y de Defensa, y otros altos funcionarios militares y políticos, incluido el alto mando de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), pueden ser considerados responsables de ordenar o contribuir de otro modo a la comisión de los delitos documentados en el presente informe”.
“Aunque estas personas de alto rango tenían la capacidad efectiva de adoptar medidas preventivas y represivas, no lo hicieron”, agrega.
Durante su mandato, Maduro y otros altos funcionarios repetidamente rechazaron que las autoridades de Venezuela cometieran abusos contra los derechos humanos como los señalados por la Misión y organizaciones civiles.
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