Perú no estará en el Mundial, pero hay otro marcador que, dolorosamente, parece mantenerse vigente para nosotros: el de contar adolescentes muertos bajo custodia policial o por el uso letal de la fuerza estatal. No entrega trofeos, sino expedientes, necropsias y familias condenadas a recorrer un interminable camino en busca de justicia.
El sueño de un adolescente de 17 años de convertirse en arquitecto terminó entre los muros grises de una celda en Manchay, ese rincón de Lima donde el polvo parece cubrirlo todo, incluso la justicia. Ingresó a una comisaría bajo una acusación aún confusa y salió convertido en cadáver, como uno de esos personajes de Julio Ramón Ribeyro cuya dignidad sucumbe ante la burocracia y la indiferencia.
La Constitución reconoce el derecho a la vida, a la integridad y al libre desarrollo de toda persona, sin distinción alguna. Sin embargo, la realidad parece escribir otra norma: la ley suele ser más severa con quienes menos tienen y más indulgente con quienes deben responder desde las instituciones encargadas de hacerla cumplir.
La necropsia reveló signos de asfixia y múltiples lesiones que contradicen la versión oficial del suicidio en una supuesta sala de meditación. A ello se suma el último pedido del menor a su padre: "Papá, sácame, me van a matar". Una vez más, la Policía Nacional del Perú queda bajo cuestionamiento por la muerte de un adolescente mientras se encontraba bajo su custodia.
No es un hecho aislado. En 2020, Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron por perdigones durante las protestas civiles; en 2023, la represión estatal cobró decenas de vidas en Puno y Ayacucho en medio de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte; y, en 2026, el asesinato de jóvenes en Colcabamba, a manos de miembros del Ejército, evidenció la continuidad de esta violencia. Cambian los escenarios; el patrón permanece. Una cronología del dolor blindada en junio de 2026: la ley que transfiere los delitos de policías y militares al fuero militar-policial obliga a la justicia civil a archivar investigaciones en curso. Mientras sus defensores alegan evitar la doble persecución, la norma formaliza una impunidad en la que los decretos se escriben con tinta, pero sus vacíos se pagan con vidas truncas y laberintos de olvido.
En esta entrega: Yosselin Amaya Cabello, comunicadora social y docente.