Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela han presentado una demanda contra el expresidente derrocado Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos. Alegan que ordenó las ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.
La demanda de 44 páginas afirma que Maduro ordenó a una fuerza de seguridad de élite denominada Fuerzas de Acción Especial (FAES) ejecutar a los jóvenes entre 2017 y 2020. El escrito señala que las víctimas figuran entre los miles de personas que murieron bajo el mando de Maduro a manos de unidades, entre ellas las FAES, disueltas en 2021 tras numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Naciones Unidas.
Maduro se encuentra actualmente en una prisión de Nueva York, a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el Ejército estadounidense lo apartara del poder en enero en una operación extraordinaria en Venezuela. Durante su presidencia, entre 2013 y 2026, fue acusado de forma generalizada de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.
La demanda civil, presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, sostiene que los presuntos asesinatos de los cinco jóvenes siguieron un patrón ya conocido de ejecuciones extrajudiciales bajo el mando de Maduro.
Detalla cómo los agentes de las FAES llegaban de madrugada a los barrios de las víctimas, vestidos de negro y con el rostro cubierto, separaban a los jóvenes de sus familias y los ejecutaban. Después, los funcionarios fabricaban relatos según los cuales las víctimas habían "resistido a la autoridad".
"Maduro utilizó las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política. De hecho, las FAES son ampliamente consideradas un escuadrón de la muerte o un grupo de exterminio", afirma la demanda.
La demanda sostiene que un poder judicial venezolano sesgado ha impedido que se depuren responsabilidades por las ejecuciones. Las familias, cuyas identidades se mantienen en reserva por motivos de seguridad, han presentado la demanda amparándose en la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura de Estados Unidos y reclaman una indemnización económica a Maduro.
Se espera que el exdirigente autoritario intente acogerse a la inmunidad como jefe de Estado, informó 'The New York Times'. En el proceso penal en el que está acusado junto a su esposa Cilia Flores, Maduro se ha declarado prisionero de guerra.
Se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.