Antes de los terremotos que afectaron el centro norte de Venezuela, dejando miles de muertos, el país ya arrastraba una crisis extraordinaria: con una deuda superior a los 200,000 millones de dólares,una inflación anualizada de más del 500% y un salario mínimo de 25 centavos de dólar. Tras del desastre –el régimen chavista que se mantiene en el poder a pesar de la captura del exdictador Nicolás Maduro– mantenía a más de 300 presos políticos tras las rejas y bloqueaba el acceso a más de 90 medios de comunicación en medio de la emergencia.
El medio Financial Times reportó el 24 de junio de 2026 que la deuda del Estado venezolano (tanto interna como externa) ascendía a los 240,000 millones de dólares, duplicando el tamaño de la economía venezolana, estimada en 100,000 millones de dólares.
Por años el régimen venezolano no ha divulgado en su totalidad la situación financiera del país. Sin embargo, el Financial Times indicó que las autoridades interinas se preparaban para transparentar las cifras como parte de un proceso de reestructuración de la deuda que busca conseguir que Venezuela regrese a los mercados internacionales. De acuerdo con el diario británico, de concretarse, sería la reestructuración de deuda “más grande de la historia”.
Sumado a esto, los casos de corrupción vinculada al régimen venezolano ascienden a los 72,000 millones de dólares, según el seguimiento que ha hecho la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional a 172 casos procesados en tribunales de 30 países.
Venezuela ocupa el último lugar del mundo (el 143) en el índice de Estado de Derecho de 2025 de la organización sin fines de lucro World Justice Project, que calcula el estado del sistema legal en 143 países combinando encuestas a ciudadanos y a expertos en torno a temas de corrupción, control del ejecutivo, transparencia gubernamental, acceso a la justicia, libertad de expresión, entre otros.
De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Venezuela, analizados por Factchequeado, la inflación en mayo de 2026 (último dato disponible) fue de 6.3%, mostrando una desaceleración en comparación con abril (10.6%), pero acumula un 524% de incremento en comparación con mayo de 2025.
El Centro de Documentación y Análisis Social, iniciativa liderada por el economista Oscar Meza y que publica reportes mensuales del poder adquisitivo del venezolano, informó el 17 de junio de 2026 que el salario mínimo que equivale a 25 centavos de dólar al mes cubre sólo el 0.03% del costo de la canasta básica, que asciende a 772 dólares estadounidenses. La canasta calcula el costo de 60 productos de primera necesidad para una familia de 5 personas.
Según Meza, “las familias venezolanas dependen cada vez más de bonos, remesas y trabajos adicionales para poder subsistir, ante la ausencia de una política salarial ajustada al costo real de la vida”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada en 2025 por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y publicada en mayo de 2026, el 76.5% de las personas en Venezuela vivía en condiciones de pobreza y el 43,7% en pobreza extrema.
Bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, el régimen chavista ha liberado a cientos de presos políticos, pero al momento del terremoto, todavía quedaban al menos 374 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Foro Penal. Las últimas cifras bajo Maduro (y con Rodríguez como vicepresidenta) revelan que había al menos 863 personas detenidas por motivos políticos para diciembre de 2024.
Durante la emergencia provocada por los terremotos se levantó el bloqueo a la red social X que se mantuvo desde agosto de 2024 por orden de Maduro, pero siguen bloqueadas más de 200 páginas web, incluyendo las de 92 medios de comunicación, de acuerdo con los datos de VE sin Filtro, iniciativa de la organización sin fines de lucro Conexión Segura y Libre.
Además, The Washington Post documentó –a través de sobrevivientes, personal de emergencia, y exfuncionarios gubernamentales de Estados Unidos– cómo el régimen venezolano bloqueó o retrasó la entrada de algunos grupos de rescate al país mientras ha implementado controles excesivos para operar en algunas zonas afectadas. También reseñan denuncias de restricciones a la prensa y puntos de control de uniformados exigiendo dinero para permitir el paso de voluntarios. Por su parte, la agencia de noticias Reuters ha documentado denuncias de robos de ayuda, saqueos, e intimidación a rescatistas locales y extranjeros por parte de uniformados.
Sin embargo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó el 30 de junio de 2026 que “las autoridades interinas han cumplido plenamente” con Estados Unidos “para acelerar” la “masiva respuesta humanitaria” liderada por el gobierno de Donald Trump.
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