El tribunal de paz de Colombia ratificó el miércoles sus primeras sentencias emitidas el año pasado contra exguerrilleros y militares en retiro por crímenes de guerra, tras resolver las apelaciones presentadas por las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, juzga las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de medio siglo.
Las primeras condenas se anunciaron a mediados del año pasado y sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios a quienes reconozcan su participación y aporten información para esclarecer los hechos.
En una primera decisión, la JEP condenó a la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros.
Luego sentenció con una medida similar a un primer grupo de 12 militares en retiro por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Tras revisar los recursos interpuestos por las víctimas, la sala de apelaciones del tribunal confirmó este miércoles las condenas en segunda y última instancia.
Pero archivó los cargos por esclavitud emitidos inicialmente contra los exlíderes de las FARC, pues "no se les brindó la oportunidad para aceptar o rechazar su responsabilidad", explicó el juez Eduardo Cifuentes en una declaración a medios.
A la espera de sentencias faltantes por otros delitos como el reclutamiento infantil, la violencia sexual o la asociación de fuerzas del Estado con escuadrones paramilitares, la JEP recibe duras críticas de sectores políticos que consideran blandas las penas contra exguerrilleros y rechazan las investigaciones contra la fuerza pública.
En campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella, que venció a la izquierda gobernante en las elecciones de junio, prometió eliminar la JEP, que califica como un "tribunal de venganza" que emite sentencias con "asimetría".
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, contradijo el miércoles la "narrativa" de que el tribunal es más severo "con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla".
En este sistema, agregó, "cada uno escoge" su camino judicial al aceptar o no su responsabilidad.
La guerra interna que enfrenta a fuerzas estatales, guerrillas, grupos paramilitares y narcos deja unas 10 millones de víctimas en seis décadas, entre ellas más de un millón de personas asesinadas.
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