Los terremotos del 24 de junio de 2026 han alterado las prioridades de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que hasta unos días era una estrategia centrada en la estabilización política y económica del país, ha quedado en segundo plano debido a la emergencia humanitaria provocada por los sismos.
Ya existían dudas antes del 24 de junio sobre el plan de la Administración Trump en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Tras el desastre, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha admitido que esa estrategia ha sufrido un revés. Por su parte, el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, John Barrett, ha defendido que el plan sigue vigente, aunque "se ve un poco distinto".
"Los sismos interrumpen ese plan porque han generado una de las peores catástrofes naturales que ha vivido Venezuela en más de un siglo", comenta a DW Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). A su juicio, los terremotos rompen la senda prevista por Washington y hacen mucho más difícil una transición política "organizada y gradual".
Phil Gunson, analista senior para la región andina del International Crisis Group, coincide en que el plan queda, por ahora, en suspenso. "Todas las energías del Gobierno y de la sociedad civil tienen que estar centradas en una reconstrucción que obviamente va a tardar años", explica Gunson a DW. Y recuerda que, antes de los terremotos, el plan tampoco avanzaba sin tropiezos: "Había dudas, críticas, demoras, mucha falta de información sobre los avances, sobre todo en materia política".
Por otro lado, la tragedia también reabre la cuestión del grado de influencia que ejerce Washington sobre Venezuela, en un contexto en el que Donald Trump ha llegado a insinuar que el país podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.
"No sabemos hasta qué punto es una broma", comenta Gunson, "pero si ese fuera el caso, la responsabilidad mayor recae sobre EE. UU." en materia de rescate y reconstrucción. En su relación con Venezuela, Estados Unidos escoge interlocuciones y tiempos. A modo de ejemplo, Phil Gunson recuerda que, antes de la catástrofe, la dirigente política Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, viajó por iniciativa estadounidense para reunirse con Delcy Rodríguez y discutir las condiciones de unas futuras elecciones. "Las discusiones las determina Washington: qué hacer, cuándo negociar y quién se sienta a negociar", subraya Gunson.
Por otro lado, la Administración Trump apoyó desde el principio el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, pero ese respaldo podría complicarse en un momento en el que arrecian las críticas ciudadanas por la controvertida respuesta del Ejecutivo tras los terremotos. "El rechazo de las y los venezolanos puede traducirse en una mayor demanda posterior por un cambio político. Eso va a tener eco en Washington", advierte Jiménez Sandoval.
En el plano económico, el desafío es enorme. Los terremotos agravan una crisis humanitaria que ya arrastraba más de una década. A esa situación se suman ahora los enormes costos de reconstrucción.
Washington ha comprometido alrededor de 300 millones de dólares para las labores de emergencia, cantidad que resulta insuficiente frente a la magnitud de las necesidades. "El dinero que ha ofrecido Estados Unidos está muy lejos de las necesidades económicas ya existentes antes del desastre", valora Phil Gunson, quien recuerda que Venezuela vivía antes de los terremotos lo que expertos denominan "emergencia humanitaria compleja", con servicios públicos colapsados, infraestructuras deterioradas y graves carencias en salud y nutrición.
En los últimos seis meses, y tras la captura de Maduro, Venezuela ha aumentado sus ventas de petróleo, pero Gunson incide en que Washington controla esas transacciones y deposita lo recaudado en una cuenta manejada por el Gobierno estadounidense, que decide cuánto dinero envía a Venezuela y cuándo. "No se sabe qué tanto hay en esa cuenta ni cuánto es el dinero que se ha mandado", subraya a DW, y recuerda que los demócratas en el Congreso llevan meses reclamando transparencia sin obtener respuesta. Además, surge la cuestión de cuánto de ese dinero llega realmente al pueblo venezolano.
Por último, Gunson menciona el régimen de sanciones al que Venezuela está sometido por parte de Estados Unidos y que describe como "casi el más fuerte del mundo entero": "¿Por qué no se levantan las sanciones?", se pregunta el experto.
El terremoto también ha alterado los tiempos de la figura más prominente de la oposición venezolana. María Corina Machado ha manifestado en un video su deseo de regresar al país para acompañar a la población afectada, pero aseguró que el Gobierno le impide hacerlo al mantener cerrado el espacio aéreo. Sobre esta cuestión, la respuesta de Washington ha sido clara: la Administración Trump ha dicho que toda su atención está centrada en la respuesta humanitaria y considera que introducir ahora cuestiones políticas sería contraproducente.
Philip Gunson cuestiona el momento elegido por la dirigente opositora. Reconoce que la relación entre Machado y Washington está "seriamente dañada, con culpas por ambos lados", y admite tener dudas sobre la idoneidad de su regreso a Venezuela justo ahora, ya que existe una brecha entre los objetivos de Machado y lo que Estados Unidos considera prioritario. "Este no es el momento de introducir en una situación ya trágica un elemento de discordia", sostiene Gunson, y añade que Machado "estaría mejor ocupada estimulando y organizando la ayuda desde fuera que en Venezuela", un país cuyo Gobierno la considera una terrorista y donde el bienestar de la población debería ser la única prioridad de la agenda.
(el)