El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas pidió al gobierno de Guatemala el jueves abrir todos los recintos militares para buscar a miles de desaparecidos de la guerra civil.
La guerra, que enfrentó a la fuerzas estatales de seguridad y grupos guerrilleros de izquierda entre 1960 y 1996, dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por Naciones Unidas tras la firma de la paz.
En junio pasado, el gobierno del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo anunció la implementación de un plan para localizar a unas 45.000 personas desaparecidas en el conflicto.
Las "acciones necesarias e impostergables" para la búsqueda "es que se abran los archivos" en manos de las Fuerzas Armadas y "todos los establecimientos militares", dijo en rueda de prensa la experta Ana Lorena Delgadillo, integrante del grupo de la ONU.
"Es una de las peticiones más claras de las víctimas" que le fueron comunicadas al presidente Arévalo, agregó Delgadillo, al presentar un informe preliminar de la visita del panel de la ONU al país a petición del gobierno guatemalteco.
Familiares de víctimas y sobrevivientes de la guerra, en su mayoría indígenas mayas, han pedido por años abrir las puertas de todos los cuarteles militares. En varios recintos castrenses han sido localizados cementerios clandestinos.
El grupo señaló en el informe que 40 años después "persiste una deuda histórica del Estado con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".
Delgadillo también criticó el "desmantelamiento absoluto" que tuvieron los equipos de investigación de crímenes durante la guerra por parte de la administración de la exfiscal Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países, encabezados por Estados Unidos, por corrupción y atentar contra la democracia.
La experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó.
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