En Venezuela, hay familias que llevan 10 días buscando a sus seres queridos entre los escombros. Lo hacen sin poder acceder a información verificada sobre las labores de rescate.
Los terremotos ocurridos el 24 de junio dejaron, hasta el momento, 2.595 muertos confirmados y más de 12.400 heridos. Sin embargo, la cifra más alarmante es la cantidad de desaparecidos que Naciones Unidas estima en cerca de 50.000 personas.
En medio de todo esto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez evita publicar cifras oficiales, mientras más de 200 portales informativos permanecen bloqueados, estos últimos por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Eso significa que quienes más necesitan información sobre lo que ocurre desde la diáspora, e incluso dentro del mismo país, son exactamente las personas a quienes el régimen chavista les cierra el acceso a los medios que podrían brindársela. En pocas palabras, la censura digital que el chavismo ha construido durante más de una década se convierte, en el contexto de esta catástrofe, en un factor que agrava el sufrimiento de las víctimas.
Al respecto, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, exigió a la encargada del gobierno el levantamiento inmediato de los bloqueos que impiden acceder a medios como el suyo. En un contexto humanitario como el que sufren cientos de miles de venezolanos, esta convocatoria merece una respuesta colectiva y urgente de la prensa libre de la región.
Este diario sabe lo que ocurre por experiencia directa. El 22 de agosto del 2024, cuando La República lideraba audiencias como medio internacional y daba voz a quienes denunciaban con pruebas el fraude en los últimos comicios venezolanos, el régimen ordenó su bloqueo.
La República se suma al llamado e invita a los medios de comunicación libres de la región, a periodistas y a demócratas a hacerlo suyo con una acción concreta: exigir a la señora Delcy Rodríguez el levantamiento de los bloqueos.
Asimismo, hace un llamado de atención a las empresas de telecomunicaciones que ejecutan los bloqueos por instrucción del gobierno, pues deben recordar que ninguna compañía de origen internacional puede ampararse en órdenes administrativas para violar estándares internacionales de derechos humanos.
Abrir la información a la ciudadanía es un acto de urgente necesidad y, por ende, de humanidad.