Por Álvaro Murillo
SAN JOSÉ, 9 jul (Reuters) - El gobierno de Laura Fernández en Costa Rica cumplió dos meses desde su investidura enfrascado en una fricción sin precedentes contra el Poder Judicial por las responsabilidades sobre la inseguridad reinante en el otrora pacífico país centroamericano, mientras crecen los obstáculos para una respuesta coordinada del Estado contra la ola de violencia asociada al narcotráfico.
El choque institucional incluye un millonario recorte al presupuesto judicial y un proyecto para que la Asamblea Legislativa designe al fiscal general en lugar de la Corte Suprema. Todo ello se produce cuando, en promedio, al menos dos personas son asesinadas cada día en el país de 5,2 millones de habitantes y la tasa de homicidios apenas ha cedido desde el récord alcanzado en 2023 de 17,2 por cada 100,000 habitantes, el doble que una década atrás.
La discordia, que venía desde el gobierno pasado, llegó a un pico en la última semana tras acusaciones de impunidad y corrupción de la mandataria contra el Poder Judicial, al que reprocha posiciones contrarias a la "mano dura" impulsada por el Ejecutivo e inspirada en El Salvador de Nayib Bukele. Fernández lo acusó de ineficiente y de haber sido infiltrado por el crimen organizado "hasta los tuétanos", y defendió la necesidad de reformas judiciales para aumentar las condenas.
Expertos atribuyen la crisis de violencia a bandas narcotraficantes que aprovechan la posición estratégica de Costa Rica para enviar droga a mercados del hemisferio norte. La mayoría de víctimas está involucrada en bandas criminales, pero en 2025 las autoridades también reportaron 85 colaterales.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo a Reuters que sólo el 38% de los homicidios llegan a sentencia condenatoria. "Aquí el problema no es la falta de Ejército (...) aquí el problema es la falta de condenas en los tribunales", dijo.
Funcionarios judiciales han rechazado las acusaciones de corrupción y piden a Fernández presentar pruebas, mientras argumentan que las reformas y los recortes presupuestarios de 2026 y 2027 constituyen un riesgo para los contrapesos entre poderes y un obstáculo para responder a la violencia, como coinciden analistas.
OBSTÁCULOS Y DISCORDIA
América Central es un corredor clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos lo que está asociado con altos niveles de violencia, corrupción institucional y desestabilización de gobiernos locales. Expertos sostienen que las organizaciones criminales transnacionales operan con sofisticación, aprovechando debilidades institucionales.
"Frente a un enemigo que tiene recursos infinitos (...) estar peleando entre nosotros dificulta muchísimo estar preparados", dijo a Reuters Evelyn Villarreal, coordinadora del informe "Estado de la Justicia", especializado en en evaluar el sistema de justicia.
Semanas después de asumir, la presidenta pidió la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, y de los principales magistrados de la Corte Suprema, al reprocharles falta de acción frente a la crisis de seguridad y supuesta impunidad en casos de alto impacto. Ninguno ha dimitido.
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, rechazó que el Poder Judicial tenga la culpa de la criminalidad y señaló que desde el Gobierno hay un interés por reducir el músculo judicial y debilitar una institución vital para el equilibrio democrático. "Desde el 2022 vemos un ataque sistemático contra el Poder Judicial", dijo, en alusión a discursos del expresidente Rodrigo Chaves, ahora ministro de Finanzas y de la Presidencia, quien enfrenta decenas de investigaciones por corrupción.
Solano señaló que la población en cárceles aumentó un 36% desde 2020. La tasa de encarcelamiento es de 366 por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, que en 2024 aparecía en la posición 22 en el mundo, según World Prison Brief.
En las calles, muchos lamentan que la disputa consuma esfuerzos para atajar la violencia. "Seguimos mal, aunque digan que están haciendo cosas y peleando entre ellos (...) el país ha cambiado para peor", dijo Karina Bolaños, comerciante de 39 años en Goicoechea, al norte de San José.
(Editado por Ana Isabel Martínez)