Resulta paradójico. Esta semana, la Coparmex, la agrupación que aglutina a los patrones en el país, publicó una nota sobre el impacto de la corrupción en el entorno de los negocios en México. Días antes, ellos fueron señalados por prácticas ilegales que atentan contra el desarrollo de los trabajadores. Pero sobre eso hubo total silencio.
No pretendo con este texto hacer un análisis de ambos temas, porque coincido en el impacto que tiene la corrupción del sector público en la vida nacional. Pero sí me detendré en el segundo aspecto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó hace unos días su tradicional informe Perspectivas del Empleo 2026, en el que dedica un capítulo especial para hablar sobre realidades nocivas que se viven en el mundo laboral por decisión de los empresarios y que impactan negativamente la vida de las personas trabajadoras.
En especial, señala dos prácticas de colusión entre las empresas: acuerdos de no captación de personal y acuerdos de fijación de salarios. Esto implica un pacto para no contratar trabajadores de la competencia y para determinar topes para los sueldos en ciertas posiciones.
Y aunque no se trata de prácticas exclusivas de México, nuestro país se posiciona como una de las economías de la OCDE donde éstas tienen mayor presencia; cerca del 54% de las empresas reporta tener conocimiento de este tipo de acuerdos en su sector. Esta cifra es superada sólo por Japón y Corea del Sur.
Como advierte, Mario López Roldán, representante de la OCDE en México, estas conductas operan técnicamente como un "cartel de compradores", donde las compañías se coordinan para no competir por el talento, operando al margen de la ley y a plena vista.
Y a pesar de que las cláusulas de no competencia son inconstitucionales en México, la realidad en las oficinas es distinta, pues se estima que entre el 23 y el 39% de los trabajadores del sector privado están sujetos a ellas. Esto, señala la OCDE, es un freno para el crecimiento y desarrollo profesional, pero también para la economía en su conjunto.
A esto habría que sumar, aunque no es tema del informe de la OCDE, el intercambio informal de datos entre las empresas para no contratar a trabajadores que han demandado a sus exempleadores, lo que se conoce comúnmente como el buró laboral.
Estos acuerdos no son triviales; tienen un costo económico real que podría implicar una pérdida salarial de entre 5 y 15% para los trabajadores afectados.
Otro aspecto a destacar es que existe el mito de que estos pactos sólo afectan a posiciones directivas o gerenciales que manejan información relevante, pero los datos muestran que se aplican de forma masiva, pues entre 20 y 37% de los trabajadores con salarios bajos en México reportan estar bajo estas restricciones.
Más allá del daño individual, estos acuerdos "en lo oscurito" afectan a la economía mexicana en general al impedir que el talento fluya hacia empresas más productivas e innovadoras. En un país con niveles históricamente bajos tanto en salarios promedio como en productividad dentro de la OCDE, estas prácticas anticompetitivas también actúan como un lastre para el crecimiento sostenible.
Un incremento de 10 puntos porcentuales en este tipo de acuerdos en un sector en particular implica una disminución promedio de 1.9% en el nivel de productividad laboral agregada del mismo, advierte la OCDE.
Detrás de todos estos números hay personas, lo que se traduce en historias de movilidad laboral frustrada y salarios limitados. Es el costo silencioso de acuerdos que rara vez salen a la luz, pero cuyos efectos terminan pagando los trabajadores y, en última instancia, toda la economía.
La corrupción no sólo está en el gobierno. También existe cuando las empresas se ponen de acuerdo para competir menos entre ellas y más contra sus propios trabajadores.