José Luis Calama procederá a investigar el pago de 200.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero por parte del grupo empresarial peruano Gloria en 2024. El movimiento judicial ocurre después de que este conglomerado de alimentación, entre otros sectores, admitiese a principios de julio este desembolso, destinado a que el expresidente español intermediase por ellos ante el Gobierno de Bolivia sobre una indemnización pendiente de pago para uno de sus negocios en este país.
Gloria asegura que contrató a Rodríguez Zapatero para que su Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) recibiese un desembolso pendiente desde hace 16 años tras la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento o Fancesa. Soboce tenía el 33% de su accionariado.
La defensa de Zapatero pidió no incluir en la investigación dicho pago porque, alega, no se encuentra dentro de las pesquisas iniciales de la Operación Tíbet. Pero Calama rechaza estos argumentos en el auto de apertura de esta nueva rama: "No existe vulneración de derechos fundamentales. La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado", defiende.
El magistrado considera importante rastrear, "por su cuantía, origen y contexto", si existen vínculos al resto de ramas que ya estaban siendo investigadas. Las pesquisas originales se centran en el rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte de la SEPI durante la pandemia, a través del cual se habría gestado, presuntamente, el desvío de fondos hacia la consultoría de márketing de sus dos hijas, What The Fav.
El auto detalla una segunda línea de actuación que involucra al expresidente con Latinoamérica, más allá de sus relaciones con la cúpula chavista vigente: la intervención ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra durante la pandemia. Por esa intermediación, su amigo y empresario también investigado, Julio Martínez Martínez, habría cobrado al menos 458.000 euros.
En el informe que reveló estas nuevas maniobras del político socialista, quien gobernó España entre 2004 y 2011, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sostiene que este pago entraría dentro de un delito de tráfico de influencias. La Unidad cree que existen indicios de que se habrían simulado "servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".