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El gobierno de Texas sorprendió recientemente al declarar como propiedad estatal 9 islas ubicadas en el Río Bravo, específicamente entre Laredo y McAllen.
De acuerdo con las autoridades, la decisión surgió con el objetivo de reforzar la vigilancia y frenar el paso de migrantes ilegales en la región fronteriza. La medida provocó que México se pronunciara ante esta decisión, señalando que la frontera no puede ser modificada de forma "unilateral".
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, fue la encargada de anunciar formalmente que la Oficina General de Tierras (GLO) reclamaba 9 islas del Río Bravo (66 acres) como propiedad del estado.
Su argumento oficial es que los cárteles usan estos islotes como refugio para el tráfico de personas y drogas, por lo que autorizó a la Guardia Nacional y fuerzas estatales a tomarlas y realizar patrullajes en la zona.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazo hacia esta medida y recalcó que los límites territoriales y fluviales se rigen por tratados bilaterales federales y no por decretos estatales.
Texas no ha vuelto a mencionarse al respecto, sin embargo, la situación ha generado gran tensión diplomática, ya que busca permitir el ingreso de fuerzas de seguridad y del ejército texano a estos islotes en disputa.