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La decisión del gobierno de Texas de declarar como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el río Bravo abrió una nueva controversia fronteriza con México. Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que los terrenos pertenecen a esa entidad, el gobierno mexicano advirtió que los límites internacionales no pueden modificarse mediante una decisión unilateral.
El anuncio fue realizado el 26 de octubre por Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés), quien informó que las nueve islas abarcan aproximadamente 66 acres, equivalentes a 26.7 hectáreas.
La medida permitirá, según las autoridades texanas, que elementos del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Militar de Texas accedan a estos territorios para realizar labores de vigilancia, inspección y prevención de actividades ilícitas.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió el 30 de octubre que la soberanía de las islas debe determinarse conforme al Tratado de Límites de 1970 y mediante los mecanismos establecidos entre ambos países.
Los territorios identificados por las autoridades texanas se encuentran en el río Bravo, que constituye parte de la frontera natural entre México y Estados Unidos.
Las nueve islas señaladas son Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller y Miller 2.
De acuerdo con la información cartográfica difundida sobre el caso, estos terrenos se ubican en el corredor fronterizo de Laredo, Rio Bravo y El Cenizo, en Texas, frente a la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Entre las referencias geográficas se encuentran Nixon Island, al norte de Laredo; La Bota Island, cerca del sector del Puente del Comercio Mundial; McKendricks Island, en las inmediaciones de Rio Bravo, y otras islas próximas a El Cenizo.
No obstante, estas ubicaciones son aproximadas. La determinación precisa de la línea internacional y de qué lado de ella se encuentra cada territorio corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
En conjunto, las nueve islas representan unos 267,000 metros cuadrados. Su extensión es relativamente pequeña, pero su ubicación resulta estratégica para las autoridades de seguridad fronteriza.
La identificación de estos terrenos surgió después de que autoridades federales estadounidenses solicitaran revisar 28 islas del río Bravo cuya propiedad se consideraba incierta. Como resultado, la GLO determinó que nueve correspondían al estado de Texas.
La administración texana sostiene que la identificación de los terrenos permitirá fortalecer la vigilancia fronteriza y evitar que sean utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, personas o mercancías.
Buckingham explicó que durante años existió incertidumbre sobre la propiedad de algunas islas, lo que dificultaba el acceso de las autoridades encargadas de la seguridad.
Con la nueva determinación, Texas pretende facilitar las operaciones de patrullaje y limpieza de estos espacios.
Sin embargo, la propia funcionaria reconoció que no se ha confirmado la existencia de actividades delictivas en las nueve islas recientemente identificadas, aunque argumentó que otros territorios del río Bravo han sido utilizados anteriormente por organizaciones criminales.
La declaración de propiedad estatal tampoco significa, por sí misma, que las nueve islas hayan cambiado de país o que Texas haya adquirido territorio mexicano. La soberanía internacional y la titularidad de los terrenos son cuestiones jurídicas distintas.
Este es el principal punto de la controversia ya que en la Nota Informativa 015/2026, la SRE explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el río Bravo, la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del río.
Dicho criterio determina la soberanía de las tierras situadas a ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía que hubieran tenido anteriormente.
La Cancillería precisó que la CILA es la instancia facultada por los gobiernos de México y Estados Unidos para aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla.
Por ello, una autoridad estatal estadounidense no puede establecer unilateralmente una nueva delimitación territorial.
El tratado, firmado el 23 de noviembre de 1970, también contempla mecanismos para atender modificaciones en los cauces de los ríos Bravo y Colorado, con el objetivo de evitar pérdidas o ganancias territoriales derivadas de sus cambios naturales.
Además, establece restricciones para construir obras que puedan desviar u obstruir el flujo normal del río, una disposición relevante ante posibles intervenciones físicas en las islas.
Hasta el momento, la información oficial revisada no permite establecer una resolución binacional específica que confirme la soberanía de cada una de las nueve islas. Por tanto, tampoco existe sustento suficiente para afirmar que México haya perdido formalmente esos territorios a raíz del anuncio texano.
La decisión tiene un antecedente en la isla Fronton, ubicada en el río Bravo, cerca de la localidad de Roma, Texas, en el condado de Starr.
En 2023, Buckingham declaró que este territorio, de aproximadamente 170 acres —unas 68.8 hectáreas—, pertenecía al estado.
Posteriormente, elementos del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Militar de Texas realizaron trabajos de retiro de vegetación como parte de la denominada Operación Flat Top, con el argumento de reducir los espacios utilizados por organizaciones criminales.
La administración texana presentó aquella intervención como un precedente para reforzar el control sobre otras islas fronterizas.
En el caso de las nueve islas identificadas en octubre de 2026, la controversia continúa centrada en la facultad de Texas para declararlas propiedad estatal y en la necesidad de respetar los mecanismos bilaterales de delimitación.
La SRE aseguró que México dará seguimiento a cualquier acción que se realice en la zona y reiteró que las diferencias relacionadas con la frontera deben atenderse mediante los tratados internacionales y el diálogo entre ambos gobiernos.