Periódicamente aumenta el balance oficial de muertes después del doblete sísmico que estremeció a Venezuela. El más reciente informe, emitido por el gobierno, eleva la cifra a 5.069 fallecidos, mientras que pocos organismos internacionales se atreven a cuantificar los desaparecidos. Pese a los esfuerzos del gobierno interino de Delcy Rodriguez por mostrar transparencia en la respuesta humanitaria y logística ante el desastre causado por el fenómeno natural, persisten las dudas, críticas y denuncias sobre las cifras oficiales.
El balance oficial solo incluye los cuerpos recuperados e identificados, mientras un número todavía incierto de desaparecidos permanece fuera de la estadística de fallecidos. Inicialmente, agencias de la ONU alertaban sobre aproximadamente 50.000 desaparecidos, mientras que las cifras más conservadoras no bajan de 10.000. Lejos de querer alcanzar esa cifra, los expertos insisten en que la identificación transparente de los cuerpos es esencial, no solo para conocer la magnitud real del desastre, sino también para que las familias puedan despedir dignamente a sus seres queridos.
La ausencia de un censo actualizado, los registros públicos incompletos y años de opacidad institucional dificultan determinar cuántas personas habitaban las edificaciones colapsadas. El difícil acceso a los cuerpos e identificarlos entre los escombros también dificulta su registro. Sin embargo, mientras aumenta la cifra oficial de fallecidos se hace cada vez más difícil ocultar la dimensión de la catástrofe, en la que se evidencian las fallas de un Estado en decadencia.
La zona más afectada por los terremotos del 24 de junio es el estado de La Guaira. Hace 27 años, este mismo estado, llamado Vargas en aquel entonces, fue el epicentro de un deslave masivo causado por fuertes lluvias. Un fenómeno natural que dejó decenas de miles de muertes y más de 200.000 damnificados. Aunque ambos fenómenos son muy diferentes en causas, consecuencias y dimensiones, la incertidumbre que rodea el número de víctimas del doblete sísmico tiene un precedente en la historia de una región que expertos ahora catalogan como camposanto.
Tras el deslave de Vargas de 1999, organismos nacionales e internacionales proyectaron decenas de miles de muertes que nunca pudieron ser confirmadas mediante registros forenses. Ángel Rangel Sánchez, entonces director nacional de Defensa Civil y responsable de coordinar la primera respuesta, admitió en conversación con DW que también participó en aquellas estimaciones apresuradas. "Me atreví a decir que pudiéramos estar entre 10.000 y 15.000 víctimas fatales", reconoce. "El registro posterior, los estudios forenses que se hicieron durante todo un año posterior al evento, bueno, no logró identificar tal número de víctimas fatales", agrega.
Quizá la moyor diferencia entra ambos desastres es la condición en la que se encontraba el país en 1999, con una capacidad de respuesta mucho más organizada, aunque aún con sus deficiencias. Según Rangel, antes de los terremotos del 24 de junio de 2026 "Venezuela ya estaba en una categoría de alta vulnerabilidad social, económica, físico-ambiental, institucional y política para enfrentar una situación de emergencia".
Hoy, como consultor internacional en gestión de riesgos y desastres, considera que la principal lección de Vargas es evitar que las proyecciones se conviertan prematuramente en cifras definitivas. Rangel lamenta que en 27 años "no se aprendió en algo que estaba en el 99 y perdura hoy, y es que seguimos siendo un Estado, una sociedad reactiva, que reacciona después que los desastres ocurren, y no preventiva".
Después de tres semanas, queda cerrada cualquier posibilidad de encontrar a alguien con vida debajo de los escombros en La Guaira. Según Rangel, este hecho no implica que automáticamente un desaparecido se convierta en fallecido. "Hasta que no se tenga certificación de haber encontrado a la persona viva o fallecida, el desaparecido se mantiene", explica, "legalmente no hay manera de dar por fallecida a una persona si no se tiene algún registro biométrico o alguna constatación que lo verifique". Una tarea que se dificulta con el pasar de los días y la remoción de escombros y lo que queda enterrado entre sus remanentes.
Detrás de los protocolos forenses y de la necesidad de precisar las cifras existe para Rangel una obligación esencialmente humana. Recuperar los cuerpos no solo permite establecer legalmente una muerte, "es un tema de los familiares, de dignidad, de que le quieren dar su último adiós y tener la identificación definitiva de los cuerpos de sus víctimas", afirma.
La logística para la identificación, entrega de cuerpos y cenizas para su digna sepultura ha estado plagada de denuncias de irregularidades. Con poco tiempo para actuar y mientras se alzaba el número de fallecidos, el gobierno habilitó un area en un cementerio alejado de La Guaira llamado La Esperanza. Allí enterraron alrededor de 500 cuerpos y aunque surgieron denuncias de que se trataba de una fosa común, autoridades alegaron que se les dio digna sepultura.
La desconfianza en las cifras que emite el gobierno se alimenta con la poca información que ofrece el Estado y los referentes periodísticos de otras tragedias en Venezuela. Ante la falta de un registro público capaz de mostrar quiénes están detrás del balance oficial, un equipo de periodistas y desarrolladores, junto con la organización no gubernamental Connectas pusieron en marcha un memorial digital para reconstruir, nombre por nombre, la identidad de quienes murieron en el terremoto y llevar a cabo un monitor de víctimas independiente.
La periodista y fundadora del monitor, Ronna Risquez, explicó a DW que "en Venezuela no hay un censo actualizado, no hay registro de nada, no hay data confiable. Entonces, esto dificulta poder sacar cifras confiables o seguras". Para ella, la ausencia de nombres no es solamente una falla estadística, sino una segunda forma de invisibilizar a las víctimas. "Y es así como que, bueno, se murieron y no importan, a nadie le importan", lamenta. Frente a esa indiferencia, el memorial busca devolverles identidad, historia y un lugar en la memoria colectiva.
El monitor de víctimas tiene registradas ya 1.055 personas fallecidas, pero se esperan miles más. "Sabíamos que no iba a haber ningún tipo de lista ni de ningún tipo de recuerdo de las personas que murieron en esta tragedia". Para Risquez, el balance que ya excede las 5.000 muertes comunica la magnitud, pero no explica quiénes murieron, qué familias quedaron afectadas ni qué perdió cada comunidad. El memorial devuelve nombre, identidad e historia a quienes podrían desaparecer dentro de una estadística.
Ponerle un rostro a las víctimas no solo permite preservar la memoria de la tragedia, sino que se aprende de las condiciones que multiplicaron sus consecuencias para evitar que vuelva a repetirse. Como advierte Rangel: "El honor a las víctimas es que logremos romper ese paradigma de sociedad reactiva a una sociedad anticipatoria y proactiva en el tema de riesgo".
(rr)