Mientras unos reclaman una intervención militar y otros cuestionan que Donald Trump no haya impulsado la caída de Nicolás Maduro, existe una tercera vía. Esta es compatible con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Se trata de una acción concertada de la OEA y la ONU para conducir una transición democrática en Venezuela.
He conversado sobre este tema con destacados internacionalistas venezolanos y me he convencido de que el derecho internacional ofrece el camino más sólido para procesar la delicada situación de Venezuela.
En el contexto del colapso incontenible del país, es evidente que América Latina debe abandonar su pasividad y dejar de asumir que la "Casa Blanca" resolverá la crisis. No lo hará, y la situación se agrava cada día.
Una propuesta concreta es convocar de urgencia una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA con un único punto en la agenda: la situación de Venezuela.
En esa sesión debería presentarse un proyecto de resolución que establezca la fecha de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), disponiendo que ambos procesos sean organizados por la OEA y la ONU, bajo la conducción de un(a) representante del Secretario General de las Naciones Unidas.
En ese mismo marco, debería aprobarse el despliegue de una Misión de Paz por cinco años, renovables, así como fijar las reglas para el interinato y la celebración de contratos internacionales durante la transición. Por ejemplo, que los contratos o convenios de mayor cuantía sean aprobados tanto por la nueva Junta de Gobierno como por la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional.
La comunidad internacional aún dispone de instrumentos jurídicos y políticos para contribuir a una transición democrática en Venezuela. Los mecanismos existen. Basta decisión política para ponerlos en marcha.