Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Junín y seis personas murieron. Los compatriotas no murieron por un gran terremoto sino porque sus casas, de construcción rústica en el sector Pumpunya del distrito de Chingas Bajo, simplemente colapsaron. Además, treinta y dos personas más resultaron heridas y más de 300 familias quedaron sin hogar.
Un movimiento sísmico que en otras circunstancias hubiera causado alarma pero no muertes, en estas comunidades fue suficiente para llevarse vidas. Eso es lo que el Perú tiene que leer con atención esta semana, con un nuevo gobierno a punto de asumir.
Hay un argumento que se repite cuando el país crece, el de que el crecimiento económico lo resuelve todo con el tiempo. Y es cierto que entre 2000 y 2025 el Perú redujo la pobreza de más del 50% a alrededor del 30% y expandió su clase media a un ritmo notable.
Sin embargo, millones de familias siguen viviendo en viviendas autoconstruidas, sin asistencia técnica, en zonas de riesgo sísmico, sin estudios de suelo y sin cumplir ninguna norma mínima de construcción. Lo de Junín no es un accidente. Es el resultado directo de una precariedad que el crecimiento económico todavía no alcanzó a resolver y que el modelo celebrado en los discursos oficiales no suele mencionar.
El Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica del planeta, y registra al menos 400 sismos perceptibles al año. Lima tiene más de diez millones de habitantes, un déficit estructural de viviendas formales que acumula décadas y es, según los expertos, la capital más vulnerable a un gran terremoto en América Latina. Cuando llegue el próximo sismo, y los geólogos coinciden en que llegará, Lima, como muchas otras que tenemos hoy, no está en condiciones de resistirlo.
El nuevo gobierno y el nuevo Congreso bicameral tienen en esto una tarea que va mucho más allá de la respuesta de emergencia. Un plan de Estado para reducir la vulnerabilidad sísmica, con reforzamiento de viviendas informales, actualización del mapa de riesgo de Lima y mecanismos para que las familias más vulnerables puedan mejorar sus construcciones con asistencia técnica, es una prioridad de seguridad nacional.
Lo que pasó en Junín esta semana fue una advertencia moderada. Los peruanos no deberían esperar la grande para empezar a prepararse.