Corría noviembre de 2018 y Arturo Alcalde, entonces asesor del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reunión con legisladores, confirmaba que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estaba condicionado, entre otros aspectos, al cumplimiento de los compromisos laborales del poco conocido Anexo 23-A del acuerdo.
Casi ocho años después de esa alerta, y tras la entrada en vigor del Tratado el 1 de julio de 2020, el alcance de esa condición es más que evidente.
La realidad es que el T-MEC se convirtió en la reforma laboral más profunda que ha vivido México en décadas. Su contenido aceleró y consolidó cambios legales y operativos que difícilmente habrían ocurrido al mismo ritmo sin un compromiso de esa magnitud.
El nuevo esquema de justicia laboral, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las reglas de democracia sindical, la regulación del outsourcing, la política de recuperación del salario mínimo y la supervisión permanente de derechos a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), todo ello forma parte de una cadena de cambios que difícilmente podría entenderse sin la presión de Estados Unidos a través del acuerdo.
Bajo este escenario, incluso, el cumplimiento de los compromisos laborales adquiridos dejó de depender exclusivamente de la voluntad de las autoridades mexicanas y quedó sujeto a mecanismos de vigilancia externos y consecuencias comerciales para los infractores en particular.
En los seis primeros años de vida del acuerdo, y tras las reformas legislativas que siguieron en consecuencia, varios actores del mundo del trabajo han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Sindicatos, empresas y autoridades federales y locales han tenido que reformular procesos y garantizar el cumplimiento normativo.
El ejemplo más claro lo constituye el MLRR. Antes del T-MEC, la violación de derechos laborales-sindicales podía ocurrir ante la vista de todos, pero sin consecuencias. Seis años después, el mecanismo ha sido activado en 48 ocasiones y ha modificado la forma en que empresas, sindicatos y autoridades enfrentan los conflictos obrero-patronales.
Es claro que el trabajo dejó de ser un tema exclusivamente interno para convertirse en un componente de la competitividad y de la relación comercial con Estados Unidos… y en un dolor de cabeza para sindicatos charros, empresas con contratos colectivos de protección, empleadores abusivos y autoridades pasivas.
Por eso, aunque en los primeros encuentros entre autoridades mexicanas y estadounidenses para la revisión del acuerdo las conversaciones han girado más en torno a aspectos comerciales, sería ingenuo pensar que la Casa Blanca no intensificará en algún momento la presión hacia lo laboral, por más asimétrica y desproporcionada que ya sea la relación entre ambos países en este tema.
Ya quedó claro que para Estados Unidos el campo de acción del componente laboral del acuerdo va más allá de lo comercial. Ahí está la evidencia con el caso de Atento (2024), la primera queja a través del MLRR por violación de derechos en una empresa no exportadora y sin vínculos con cadenas productivas internacionales.
La revisión del T-MEC será una oportunidad clave para comprobar si el capítulo laboral fue sólo una condición para poner en marcha el acuerdo o si terminó por convertirse en un mecanismo permanente para moldear la política del trabajo en México. Sus primeros seis años de vigencia parecen apuntar hacia la segunda opción.