Ciudad de México, 22 jul (EFE).– Autoridades federales y del Estado de México aseguraron en un operativo conjunto 3.374 máquinas tragamonedas utilizadas por presuntos grupos delictivos para extorsionar a comerciantes y reclutar a jóvenes mediante el incentivo del juego ilegal.
Las investigaciones de la fiscalía estatal establecieron que los dispositivos eran instalados bajo intimidación en comercios locales como abarrotes, papelerías y farmacias para financiar actividades de narcomenudeo y préstamos irregulares.
El operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desarrolló del 11 al 20 de julio mediante inspecciones y cateos simultáneos en 84 municipios.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el dinero de las extorsiones y la captación ilícita se extrajo de los cajones de cobro de los dispositivos asegurados y acumuló un peso superior a las 9 toneladas en monedas de distintas denominaciones, equivalentes a más de 9 millones de pesos (unos 517.000 dólares).
El valor comercial de los dispositivos tipo pinball, de cascada, botón y clásicos se estimó en más de 50,6 millones de pesos (unos 2.907.000 dólares), por lo que la afectación financiera total a los grupos presuntamente criminales superó los 59,8 millones de pesos (unos 3.436.000 millones de dólares).
Durante las diligencias ministeriales, las fuerzas de seguridad localizaron un inmueble en el municipio de Tultitlán que era utilizado como taller clandestino para el ensamblaje y mantenimiento de estos aparatos de explotación ilegal.
La autoridad señaló que la operación de estos aparatos no solo generaba ingresos ilícitos a través de la extorsión a los dueños de los establecimientos, sino que servía como mecanismo de enganche de menores de edad para vincularlos a dinámicas delictivas.
El dinero incautado será retirado legalmente a los grupos delictivos mediante un proceso de extinción de dominio, una vía jurídica que permite al Estado retirar la propiedad de bienes o recursos de origen ilícito para destinarlos al gasto público.
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